Por 74 votos a favor y 1 abstención, la Cámara de Diputados aprobó este lunes la petición formulada por 49 diputados de diversas bancadas para que una comisión especial investigadora se encargue, en un plazo no superior a 90 días, de indagar sobre los actos del gobierno u omisión de actuaciones gubernamentales por la situación de inseguridad en la Región de la Araucanía. 

En la petición, los legisladores indican que "resultan alarmantes los niveles de violencia e impunidad que tienen lugar en la zona, y que amenazan seriamente con socavar las bases mismas del Estado de Derecho". 

Añaden que "la omisión gubernamental en las labores de persecución y sanción del delito, y la vulneración sistemática de diversos derechos y libertades garantizados en nuestra Constitución y en Tratados Internacionales vigentes, son hechos inaceptables en una democracia moderna y en un país que aspira al desarrollo". 

En concreto piden que la instancia aborde 10 materias: 

1. Las actuaciones gubernamentales, tanto de las unidades nacionales como regionales, en relación al resguardo del orden y la seguridad en la zona. Coordinación con las policías y el Ministerio Público. Políticas públicas y acciones legislativas impulsadas por esta administración para hacer frente a fenómenos delictivos de naturaleza terrorista. 

2. Participación de la Agencia Nacional de Inteligencia y su eficacia en la penetración y desmantelamiento de organizaciones criminales. Reformas institucionales impulsadas por esta administración. 

3. Respaldo gubernamental a la labor persecutoria de los fiscales del Ministerio Público, y eficacia de las órdenes de resguardo policial emanadas del ente persecutor y ejecutadas por las policías. 

4. Influencia y relación de la política de compra de tierras con los niveles de violencia rural en la zona, y conveniencia de reformular estas actuaciones de la Conadi y su eventual responsabilidad en los actuales niveles de violencia. 

5. Medidas gubernamentales para ir en auxilio del emprendimiento y la actividad económica en la zona. Cumplimiento de promesas gubernamentales referidas a las dificultades que experimenta la actividad productiva en la zona, particularmente en relación a la celebración de contratos de seguro. 

6. Medidas gubernamentales para asegurar la libertad ambulatoria en la zona y cumplimiento de las acciones comprometidas con la Confederación Nacional de Transporte de Carga. 

7. Medidas gubernamentales de reparación a las víctimas de actos terroristas. 

8. Negativa a priori por parte del Gobierno en orden a hacer uso de herramientas legales para la persecución de actos terroristas en la zona. Discriminación en las estrategias judiciales empleadas por el Gobierno para perseguir conductas terroristas en la zona en relación a otras regiones del territorio nacional. 

9. Actuaciones gubernamentales para recabar de la Fiscalía Nacional de Colombia toda la información en relación a la vinculación de ciudadanos chilenos con actividades paramilitares, y a su eventual entrenamiento por parte de la Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Investigación gubernamental acerca de la introducción a territorio nacional de armamento y destrezas paramilitares adquiridas en el exterior. 

10.Eventuales presiones por parte de autoridades gubernamentales a funcionarios de Gendarmería de Chile para la concesión de beneficios carcelarios a sujetos privados de libertad de etnias originarias, así como la concesión concreta de ellos de manera injustificada. 

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