La Cámara de Diputados aprobó este jueves el informe realizado por la Comisión Investigadora sobre fraude en el Ejército con ocasión del uso de los fondos de la Ley Reservada del Cobre. La principal conclusión de la entidad es la derogación de la actual normativa que entrega un 10% de los recursos del cobre a las FF.AA.

El texto fue aprobado en sala con 72 votos a favor y 1 abstención (René Saffirio). En este sentido, el documento revela “falta de diligencia” por parte de la Contraloría General de la República, Ejército y el Ministerio de Defensa, en su trabajo de fiscalización del presunto pago de facturas irregulares por cerca de $ 5.600 millones de pesos en la institución castrense.

En este marco, la Comisión estimó que la Contraloría, en el ejercicio de sus facultades, tiene responsabilidades por cuanto hubo falta de diligencia en el ejercicio de la “labor fiscalizadora”, al no haber desarrollado un plan de control y fiscalización en relación a los recursos que se administran para la compra y mantención del arsenal bélico. 

En relación al Ministerio de Defensa, se constató la dificultad para implementar la legislación que definió una nueva institucionalidad en la cartera. Asimismo, se acusa fallas y retardos en la implementación de mecanismos de control. 

Además, se observa que los titulares de la cartera de la época, no adoptaron políticas ni programas específicos tendientes a ejercer un control efectivo sobre el adecuado uso de los recursos entregados a las Fuerzas Armadas. 

La Comisión también asignó responsabilidades al ex comandante en jefe del Ejército, Juan Miguel Fuente-Alba, como encargado del correcto funcionamiento de la institución. "No ejerció adecuadamente su rol de supervisión respecto de sus subalternos directos, como son los oficiales que se encontraban a cargo del Comando de Apoyo a la Fuerza y la Contraloría del Ejército", se precisó. 

El informe da cuenta que la Contraloría General del Ejército no cumplió su misión institucional, en orden a desarrollar actividades de control y fiscalización que de garantía del correcto desarrollo de los procesos y procedimientos bajo su tutela; se reprocha el hecho que la Tesorería del Ejercito haya dejado de cumplir su misión institucional, toda vez que no efectuó “la revisión de los documentos que permiten el pago de los compromisos asumidos por la institución; y se acusa al Comando de Apoyo a la Fuerza, y muy particularmente a los generales que lo dirigieron entre 2010 y 2014, de no cumplir su deber de controlar los fondos provenientes de la LRC". 

En este ámbito, el texto hace también mención al Consejo Superior de la Defensa Nacional, al Banco Central, la Tesorería General de la República, la Superintendencia de Casinos, la Unidad de Análisis Financiero y Codelco. 

El informe recomendó la derogación de la Ley Reservada del Cobre y se propone establecer un nuevo sistema de financiamiento de las FF.AA. Asimismo, se plantean modificaciones al modelo de transferencia del 10% de Codelco y la utilización del Fondo de Contingencia Estratégica. 

Además, se recomienda que todos los informes finales y los de seguimiento de la Contraloría sean remitidos a la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados, para su conocimiento y fines respectivos; que se potencie la capacidad del Congreso Nacional para una efectiva fiscalización; que el Ministerio de Defensa fortalezca los procesos de evaluación de proyectos, de adquisiciones, con los debidos sistemas de control para su adecuada ejecución; y que se especifiquen los decretos de inversión asociados a un proyecto. 

Finalmente, entre otras múltiples sugerencias, se pide una actualización de la normativa del Registro Especial de Proveedores del Sector Defensa, así como lo relativo a la incompatibilidad de ex oficiales para desempeñarse en empresas proveedoras de bienes y servicios de la Defensa; que establezca un Sistema de Prevención de Delitos y de denuncias al interior de las FF.AA.; se implemente un modelo de gestión de riesgo en el Ejército y se fortalezca el sistema de control institucional. 

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