Por 3 votos contra 2 la Comisión que revisa la acusación constitucional contra la ministra de Justicia, Javiera Blanco, por la crisis que enfrenta el Servicio Nacional de Menores (Sename),  concluyó que no procede la presentación.

Los votos a favor de la acusación fueron emitidos por el diputado UDI Issa Kort y por el RN Gonzalo Fuenzalida.

En contra de la acusación votaron los oficialistas Karol Cariola (PC), Leonardo Soto (PS) e Iván Flores (DC).

La ministra Blanco expusó el día lunes, junto a su abogado Jorge Correa Sutil, su defensa ante la comisión querevisaba la acusación impulsada por el diputado independiente René Saffirio y Chile Vamos.  

En la exposición el abofgado de la titular de Justicia analizó la forma del texto y luego el fondo, afirmando que el libelo era  "confuso, contradictorio e incongruente".

La acusación se basaba en responsabilizar a la ministra por comprometer gravemente el honor de la nación; faltar a la verdad y omitir información y no cumplir las leyes por no realizar las labores de fiscalización correspondientes.

Al respecto el diputado de la UDI, Issa Kort, manifestó a Publimetro que tras un proceso de reflexión definió que dos de las tres acusaciones eran imprecedentes y no daban para la acusación constitucionals.

“Pero hay un punto, que es capítulo dos, que dice relación con la falta de ejecución de las leyes, que me produce un ruido, porque es una situación que debe ser analizado y debe llevarnos a la reflexión”.

“Nosotros hemos creído pertinente que se pueda analizar, evaluar y reflexionar esto, porque aquí finalmente los principales afectados son los niños, más allá de la figura política de la ministra, de quien yo tengo una buena opinión, creo que puede enmendar el rumbo y sobretodo contar el apoyo de la oposición cuando las leyes sean buenas para enfrentar los problemas que está enfrentando el servicio”, argumentó al parlamentario.

Por su parte, el diputado Flores indicó que “no he votado por una cuestión de lineamento político, sino que  por pleno convencimiento de que las causales esgrimidas por la parte acusadora no son meritorias para transformarse en una acusación constitucional”.
 

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