A nivel país la lista de espera por un trasplante se empinó hasta los 1.927 pacientes, durante el primer semestre del año. De esos casos sólo un par. producto de las campañas a través de redes sociales se han hecho conocidos y han recibido de toda la atención mediática.

Sin embargo la ley sobre donación de órganos en nuestro país, establece que debe mantenerse en reserva el nombre tanto de los donadores como de los receptores.

La idea del cuerpo legal es evitar para las familias de ambos involucrados en los procedimientos una conmoción mayor por el proceso, pero también, evitar que se produzca una sensación de preferencia respecto de algún paciente.

En este sentido, las críticas a la donación recibida por la adolescente Jacinta Zañartu, quien finalmente falleció tras rechazar el trasplante, y la mediática campaña que acompañó a su caso, levantaron nuevamente el debate respecto de la necesidad de mantener en el anonimato a los involucrados en este tipo de tratamientos.

A juicio del ex ministro de Salud, Jaime Mañalich, la idea de hacer campañas puntuales para un donante no son una buena idea y más bien se transforman en algo contraproducente para el tema de trasplantes en general.

“Producen rechazo en la ciudadanía y producen un aumento en la voluntad de no donar, porque odo lo que se refiere a trasplante debería tener la confidencialidad que se necesite y no un verdadero despliegue mediático que viola la confidencialidad de las familias, y  la posibilidad de aumentar la donación”, sentencia.

En diálogo con Publimetro, Mañalich apunta a que este tipo de iniciativas afectan además a aquellos que forman parte de la lista de espera. “Esas familias dicen, bueno hay alguien que está preferente respecto a mí y empieza a desconfiar de la lista de espera que lleva el Instituto de Salud Pública y por otra parte se cree que efectivamente las personas mientras más llegada a los medios tengan, más probabilidades de un trasplante tienen”.

El ex ministro de Salud pone como ejemplo a España donde la ley impide que las personas que están a la espera de un  donante realicen campañas públicas, aun que no concuerda con la necesidad de replicar la iniciativa en el país.

“Creo que no podemos llegar a ese nivel de coartación de la libertad de prensa, pero insisto, hay que hacer un llamado a la prudencia, tanto a los familiares que están angustiadas por la espera de alguien que pueda ayudar a su seres queridos, como a los medios de comunicación que a veces tienen cierto sesgo”.

“Hay que decirlo en el sentido de preferir casos que pertenecen a estratos socioeconómicos elevados para hacer este despliegue mediático y eso no refleja la realidad, en la que el 75% de la gente que se trasplanta en Chile es beneficiaria de Fonasa”, afirma.

Sobre la confidencialidad, Mañalich apunta a que la ley es categórica en el ámbito de la confidencialidad de los involucrados en los casos de trasplante. “En uno de los casos recientes aparecieron fotos del donante de órganos, coa que es completamente reñida con la ley que tenemos en Chile, que es una cosa prohibida”.

Por lo mismo, afirma que incluso podrían aplicarse sanciones penales contra quienes publiquen y den cobertura a estos casos.

“Dado que son figuras penales las sanciones, bastaría con que cualquier persona interpusiera una denuncia para que la fiscalía investigara de acuerdo a la ley. Creo que hay maneras más amigables de ponerse de acuerdo de que eso es una mala idea, de que es contraproducente”.


PUB/NL