Este jueves se realizó la audiencia de formalización de los ocho comuneros mapuche detenidos ayer robando madera en el sector Tranaquepe, comuna de Tirúa, Provincia de Arauco, Región del Bío Bío. 

Dos de los comuneros quedaron en prisión preventiva y seis en libertad y la defensa de los imputados solicitó a la Fiscalía investigue el supuesto delito de apremios ilegítimos cometidos por efectivos policiales y ofició al Instituto Nacional de Derechos Humanos por estos presuntos abusos cometidos durante la detención. 

El fiscal Felipe Calabrano, quien integra el Equipo Investigativo Regional (EIR) de la Fiscalía del Bío Bío para indagar la violencia rural en el cono sur de la Provincia de Arauco, manifestó que “luego de formalizar a las ocho personas por distintos delitos, todos por hurto de madera, dos de ellos además por el delito de receptación de vehículos motorizados y por infracción a la Ley de Tránsito, y dos de ellos además por porte ilegal de armas de fuego, (la formalización) finalizó con la medida cautelar de prisión preventiva respecto de los dos formalizados por porte ilegal de arma de fuego”. 

De esta manera, los comuneros Luis Escobar Acuña Y Jorge Antilao Catril, quedaron en prisión preventiva y fueron internados en el módulo comuneros de la cárcel de Lebu, y los otros seis imputados fueron liberados y quedaron con firma mensual. 

El Juzgado de Garantía estableció un plazo de 80 días para la realización de la investigación. 

Por su parte, el abogado defensor de los comuneros, Javier Pereira, manifestó que todos sus representados presentaban lesiones que “de acuerdo a su versión y de acuerdo a las constataciones de lesiones ya efectuadas, podrían obedecer al procedimiento o más bien a la circunstancia de su detención”. 

Pereira informó que uno de sus representados habría sufrido la fractura de uno de sus dedos y enfatizó que “en ese sentido era necesario que a mis representados se les volviera a examinar con la finalidad de establecer un posible delito de apremios ilegítimos cometidos por parte de funcionarios de Carabineros en el proceso de su detención”. 

Finalmente, el abogado manifestó que había solicitado que los antecedentes de las lesiones experimentadas por los ocho comuneros fueran puestos en conocimiento del Instituto Nacional de Derechos Humanos y también de la Fiscalía local para que así el Ministerio Público investigue un posible delito cometido por Carabineros al momento de efectuar la detención. 

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