Un grupo de parlamentarios, académicos y líderes sociales entregó al Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) una carta abierta en la que hacen un crítico análisis sobre la agenda corta de seguridad ciudadana que se tramita en el parlamento, especialmente en lo referido a la figura del control de identidad preventivo. 

La carta es suscrita por el presidente de la comisión de Constitución del Senado, Alfonso de Urresti, los diputados y diputadas Karol Cariola, Giorgio Jackson y Gabriel Boric, el presidente de la Fundación Iguales Luís Larraín, el vocero del Movilh Rolando Jiménez, y los profesores de derecho penal de la Universidad de Chile Jaime Winter y Juan Pablo Mañalich, entre otros. 

El texto señala que “bajo el pretexto de procurar reducir la cifra de órdenes de detención pendientes, se pretende otorgar a la policía un instrumento que no podrá ser objeto de control efectivo alguno, y cuya administración, por ello, se prestará para la consolidación de prácticas del todo abusivas”. 

“Creemos que esto es un retroceso en libertades públicas, en libertades individuales”, señaló el senador Alfonso De Urresti tras la reunión en que el grupo entregó el documento a la directora del INDH, Lorena Fries. 

“Esto tiene un sesgo de clase y lo hicimos ver en la comisión de Constitución del Senado. Esta es una ley en que Carabineros va a focalizar esto sobre segmentos que le parezcan sospechosos”, agregó. 

Por su parte, Lorena Fries indicó que “no ha quedado nunca claro cuáles van a ser los criterios para ese control de identidad. Entonces lo que vamos a tener es que el sesgo de discriminación que tenemos todos como sociedad, que tienen también los Carabineros, va a ser el mandante respecto de a quien controlar su identidad”. 

“Y así vamos a ver que alguien con determinadas características, no va a ser objeto de control de identidad y seguramente aquellos grupos que están más estigmatizados, que sufren una discriminación histórica, colectivos como las diversidades sexuales, como los pueblos indígenas, los jóvenes pobres, van a ser el objeto hacia el cual se va a dirigir este control”, añadió Fries. 

La directora del INDH también apuntó a las razones que se han esgrimido para impulsar esta iniciativa, “la excusa es que por esta vía vamos a resolver el problema de las órdenes de detención que no se han cumplido. Esto hace mucho que dejó de ser una norma con ese fin y más bien amplía facultades al punto que los sistemas de derechos humanos ya han hecho recomendaciones y sugerencias, y seguro va a ser materia de condena al Estado de Chile”. 

La agenda corta antidelincuencia continúa su trámite en la comisión de Hacienda del Senado y se espera que esta semana sea votada en la sala de la cámara alta. 

Posteriormente deberá pasar por una comisión mixta entre ambas cámaras del Congreso, donde el senador De Urresti dijo que se intentará reponer algunas indicaciones tendientes a modificar el proyecto de ley. 

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