La Corte de Apelaciones de Santiago continuará mañana martes con los alegatos para zanjar el recurso presentado por los querellantes del denominado caso Tsunami, con el que se busca revertir la suspensión condicional del procedimiento que permitió evitar ir a juicio a los seis imputados en la investigación.

La salida alternativa fue acogida a principios de abril por el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago luego de escuchar los argumentos de las partes respecto del acuerdo alcanzado entre el Ministerio Público y los seis imputados por su responsabilidad en la fallida alerta de maremoto la madrugada del 27 de febrero del 2010.

Durante la jornada de alegatos de este lunes antela Undécima Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, primero fue el turno de los abogados querellantes que representan a las familias de la personas que murieron durante el terremoto y posterior tsunami que golpeó las costas chilenas de la zona centro sur del país, quienes buscan dejar sin efecto la suspensión y llevar a juicio oral a los seis acusados.

"Hoy tenemos un Ministerio Público y una juez de primera instancia que les resultó irrelevante desde el punto de vista penal, la muerte de 104 compatriotas", dijo el abogado querellante Raúl Meza, al término de su alegato.

La audiencia, sin embargo, se retomará este martes, cuando continúen sus exposiciones ante el tribunal, los abogados que representan a los seis imputados, el entonces subsecretario de Interior Patricio Rosende; la ex directora de la Onemi Carmen Fernández, el ex jefe del Centro de Alerta Temprana de la Onemi, Johaziel Jamett, el ex director del Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA) Mariano Rojas, el ex jefe de operaciones del Andrés Enríquez; y el ex oficial de guardia del mismo organismo, Mario Andina.

El acuerdo alcanzado entre estos últimos y el Ministerio Público establece el pago de un total de 245 millones de pesos a dividir entre cada una de las familias de los fallecidos, además de la realización de seminarios referidos a la tragedia, todo en un plazo no superior a los 18 meses.

El día que el Séptimo Tribula de Garantía aprobó la salida alternativa, los seis imputados debieron además ofrecer disculpas públicas a los afectados, relatos que de todos modos no conformaron a los familiares de la víctimas.

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