Una nueva arista se abrió en el caso Caval por la venta de los terrenos de Machalí en $9.500 millones, en el que hasta ahora se investigan presuntos delitos de revelación de secreto, negociación incompatible, enriquecimiento ilícito y tráfico de influencia.
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Esto luego que el pasado día lunes, el ex administrador municipal de Las Condes y Santiago, Patricio Cordero (UDI) presentara una querella por los ilícitos de falsificación de instrumento privado mercantil y uso malicioso de instrumento privado mercantil falso en la que denuncia que uno de los socios de Caval, Mauricio Valero, habría usado “facturas falsas para justificar gastos durante los años 2012, 2013 y 2014, y con ello rebajar su base imponible para efectos tributarios”, según informa “El Mercurio”.
Según lo aportado a la Fiscalía por Natalia Compagnon -la otra socia de Caval y contra quien no está dirigida la querella- Cordero era junto a Juan Díaz quien se quedaría con la mitad de las ganancias por la reventa de los terrenos de Machalí.
La acción judicial presentada a comienzos de esta semana apunta además al contador de Cordero, Roberto Castro Moya, y a todos los que resulten responsables.
En la querella se advierte que se extraviaron 19 facturas de la sociedad de Cordero, cuyo destino se desconoce. A ello se suma que son nueve las facturas ideológicamente falsas que menciona el libelo y que habrían sido incorporadas en la contabilidad de Caval desde el 22 de agosto de 2012 hasta el 7 de marzo de 2014, por $160 millones.
De ellas, cuatro son por $20 millones cada una, otras cuatro por $5 millones y una por $60 millones.