La negativa de la Ministra a reunirse con los dirigentes del órgano persecutor hace más de 14 meses, el incumplimiento de compromisos adquiridos con los funcionarios como la creación de un mecanismo de fiscalización laboral externa, entre varias otras razones, son parte de las causas por las que los funcionarios del Ministerio Público se suman a la petición de renuncia de la Ministra de Justicia, Javiera Blanco.

La Presidenta de la Federación de Funcionarios del Ministerio Público, FENAMIP, Paulina Ruiz junto al Directorio afirmaron que la autoridad “se comprometió -durante el trámite del Proyecto de Fortalecimiento Institucional- ante el Senado y el Presidente de la ANEF, Raúl de La Puente a trabajar los temas que el Ejecutivo simplemente dejó fuera de esa iniciativa demandas históricas de los funcionarios. Una de ellas altamente resistida por la Autoridad Nacional: la fiscalización laboral externa”.

Al no existir un control por parte de la Contraloría General de la República “no podemos apelar a ese Organismo los despidos injustificados y otras medidas administrativas que no se ajustan a derecho, sino que se aplican aleatoria y arbitrariamente”, puntualizó la dirigente agregando que “este año presentamos casos emblemáticos, junto al Presidente ANEF Raúl De La Puente, al Fiscal Nacional Jorge Abbott pidiéndole que reconsiderara algunas desvinculaciones injustificadas llamando a corregir el accionar de los fiscales regionales que los aplicaron. Lamentablemente la respuesta fue negativa”.

En esas condiciones, “los funcionarios se sienten inhibidos de denunciar los malos tratos que reciben de los fiscales o las irregularidades que detectan en los procesos de investigación penal y sumarios administrativos", advirtió Ruiz.

La fiscalización, a cargo de la Contraloría General de República, sería a juicio de los funcionarios determinante para frenar las malas prácticas de los fiscales regionales, en orden a “disponer prácticamente a su antojo de diversos puestos laborales, aplicando despidos injustificados, resolviendo temáticas como si fueran una Institución blindada y a puerta cerrada. Algunas de ellas: apelaciones a sumarios, nombramientos en concursos públicos, casos de acoso laboral o sexual y todo tipo de maltrato, junto a irregularidades administrativas ya denunciadas por nosotros que constituyen cerca del 82% de la planta Institucional”, aseguró la dirigent.

Finalmente puntualizó que “los funcionarios queremos mantenernos unidos y tener un liderazgo institucional que dé garantía de trabajo que realizamos en por y para la comunidad y. precisamente, el blindaje hacia quienes cometen faltas o abusan de sus atribuciones, están alejados de nuestro espíritu”.

PB/MC