El fiscal del caso Corpesca Emiliano Arias ratificó la existencia de antecedentes que obligarían al Ministerio Público abrir nuevas aristas en torno a irregularidades durante la tramitación de la Ley de Pesca, y de esta forma ampliar la investigación que mantiene como imputado al senador Jaime Orpis (UDI) por presunto cohecho. 

En entrevista con La Tercera, Arias relató que la investigación evidenció a diversos empresarios pesqueros coordinados para llegar mediante lobby a parlamentarios durante la tramitación de la Ley Longueira. A lo que se suma el amplio número de rectificaciones que las empresas hicieron ante el Servicio de Impuestos Internos.

Además, el persecutor afirmó que entre los hechos a investigar se encuentran las donaciones realizadas por las pesqueras al diputado Iván Fuentes , las que fueron gestionadas por el senador Patricio Walker.

“Sin decir que los hechos investigados son delito, dan cuenta de un grupo de organizaciones dedicadas a una actividad económica que es la pesca, interesados en que se mantengan ciertas normas de una ley y que enfrentados a un proceso de reforma, se ven en la necesidad de interferir a fin de proteger sus intereses”, señaló.

Arias adelantó que el foco de la investigación está asociado a pesqueras de la Región de Biobío, cuya mayoría pertenece a Asipes.

“A lo que estamos abocados es a indagar las similitudes entre los hechos constitutivos de delitos que había en Corpesca y en las otras federaciones como Asipes y Asipac. Y bueno, sabemos sobre las macrozonas, norte, centro norte, centro sur y la austral. Cada una tiene sus federaciones: Asipes, Asipac y Fipes. Todos organizados en Sonapesca” y agregó “tenemos que ver si es que el lobby efectuado por estas empresas a los parlamentarios es o no constitutivo de delitos”, aseveró. 

“Puede haber más casos como el de Orpis y más empresas que hayan hecho donaciones a políticos y que sean constitutivas de delitos. Yo no investigo para ver si hay algo. Es en razón de que hay indicios, que voy a verificar. En este caso, dada la existencia de indicios concretos, con alto estándar asentados ya en Corpesca, como la prisión preventiva para Orpis, es que continuamos con la investigación”, argumentó.

Por último, Arias enfatizó que la Ley de Pesca es una ley donde ya se encuentra acreditada corrupción, como ha sido en el caso de Jaime Orpis. 

“La Ley de Pesca es una ley en cuya formación se cometieron delitos. Eso está con un nivel de acreditación altísimo dado por la prisión preventiva. En consecuencia, en el proceso de formación de la ley hay corrupción. Uno puede entender que las empresas a quienes afecta una determinada norma ejerzan un lobby, un lobby feroz, como se quiera, porque a esos asesores, a esos presidentes de empresas, a esos gerentes generales les pagan para eso. Y ellos presionan, hacen lobby sobre quienes deciden. Y eso puede ser solo éticamente reprochable, pero lo que hemos descubierto y que está acreditado y confirmado por el Juzgado de Garantía y la Corte de Apelaciones, es que en el génesis de esta ley hubo corrupción”, explicó. 

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