Como una acción "ilegal y arbitraria" consideraron las abogadas del fiscal Emiliano Arias el sumario abierto en contra del persecutor, tras señalar en una entrevista con La Tercera que en el proceso de formación la Ley de Pesca había corrupción y que "podían haber otros Jaime Orpis". 

Es por eso que el fiscal presentó un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones contra el fiscal nacional Jorge Abbot, quien solicitó dicho sumario. 

El escrito, según consigna El Mostrador, señala que "la acción es ilegal y arbitraria", refiriéndose a la remoción de Arias del caso Corpesca y de las razones para aquello. 

Según la defensa de Arias, la “investigación administrativa de la que son objeto los fiscales del Ministerio Público, difiere en varios aspectos de las investigaciones de que son objeto los funcionarios públicos que son regidos por el estatuto administrativo y difiere incluso de las investigaciones del resto de los funcionarios del Ministerio Público que no son fiscales...”

El texto también asegura que no existe una vulneración por parte de Arias al emitir una opinión en la entrevista. El escrito dice que la investigación "iniciada contra el fiscal regional de O`Higgins, no existe indicio alguno de vulneración a la obligación de no emitir opiniones al haber dado una entrevista al diario La Tercera. Por el contrario, y como se detallará, el fiscal regional cumplió con las instrucciones dadas por la Fiscalía Nacional”.

El fiscal nacional Abbott había justificado su decisión de sacar a Arias de la causa señalando que no quiere censurar los dichos de los fiscales, "en la medida en que no se refieran a investigaciones actualmente vigente o antecedentes relativo a investigaciones actualmente vigentes y que no sean producto de información que salga en la audiencias".

La Asociación Nacional de Fiscales, al conocerse en su momento la decisión del fiscal nacional, rechazó la remoción del fiscal regional de O'Higgins del caso Corpesca e indicó que " nuestra asociación estima que la interpretación de la norma, no puede llegar al extremo de impedir a los fiscales regionales y adjuntos, emitir opiniones de carácter general y que no afectan a la investigación. Menos, es posible considerar una afectación a la normativa, cuando lo que manifiesta el fiscal son expresiones ya expuestas públicamente ante los tribunales de justicia".

En cuanto al sumario instruido contra Arias, el gremio de persecutores señaló que le parecía "grave" dicha acción " en la medida que el fundamento para iniciarlo, son declaraciones de éste a un medio de comunicación social, que se aprecian, a simple lectura, como de carácter general, las cuales informan a la ciudadanía sobre el curso de una investigación relevante". 

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