La fiscal del caso Corpesca, Ximena Chong, calificó como "clara y contundente" la resolución de la Corte de Apelaciones de Santiago que este jueves decretó la prisión preventiva del desaforado senador Jaime Orpis. 

En sus alegatos, realizados en la Novena Sala del tribunal de alzada capitalino, la persecutora reiteró que la libertad del parlamentario constituye un peligro para la seguridad de la sociedad por la cantidad y gravedad de los delitos. Entre ellos, mencionó 75 ilícitos de cohecho. 

En ese sentido, la fiscal dijo que el fallo de la corte se hizo cargo de la gravedad de todos los ilícitos imputados a Orpis -junto al cohecho reiterado, también fraude al fisco con las asignaciones parlamentarias y delitos tributarios- y se mostró conforme con la resolución unánime. 

Orpis está formalizado por cohecho en la tramitación de la Ley de Pesca, ya que entre 2009 y 2013 los ejecutivos de Corpesca le habrían pagado un total de $233 millones; también por fraude al fisco con las asignaciones parlamentarias por un total de $163 millones, de lo cual está confeso, y por emisión de boletas de servicio ideológicamente falsas para entregarlas a Corpesca. 

Sobre esto último, el abogado querellante por parte del Servicio de Impuestos Internos, Manuel Navarrete, dijo que se trata de conductas graves. Según la fiscalía, Orpis consiguió estas boletas con sus familiares y amistades y las giró a Corpesca para justificar los aportes de dinero. A su vez, la empresa incorporó estos documentos tributarios a su contabilidad. 

También expresaron su satisfacción con el fallo los abogados querellantes Matías Ramírez, quien representa al diputado PC Hugo Gutiérrez, y Mauricio Daza, de Ciudadano Inteligente. El primero dijo que la resolución es una señal de alerta para los políticos involucrados en hechos similares y el segundo declaró que la corte aplicó la ley con igualdad. 

Luego de tres días de formalización, interrumpidos por trámites formales con el desafuero, el 6 de junio pasado el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago falló que la libertad de Orpis no constituía un peligro para la seguridad de la sociedad, rechazó la prisión preventiva solicitada por la fiscalía y los querellantes y decretó arresto domiciliario total y arraigo nacional para el senador. 

Sin embargo, este jueves, la Corte de Apelaciones de Santiago cambió el criterio y falló que la libertad de Orpis sí es un peligro para la seguridad de la sociedad por la gravedad y reiteración de los delitos, sobre todo los de cohecho, y ordenó que quede en prisión preventiva. 

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