El fiscal Regional Oriente, Manuel Guerra, junto a los fiscales Carlos Gajardo y Pablo Norambuena, será quien llevarán adelante la investigación por los hechos denunciados contra el ex Presidente Piñera por el diputado comunista Hugo Gutiérrez, luego que la querella presentada por este fuera declarada admisible por el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago. 

La jueza Andrea Osorio determinó admisible el libelo presentado por Gutiérrez y lo envió a la Fiscalía Metropolitana Oriente, pero advirtió que lo hacía sin perjuicio de la competencia que eventualmente pudiera ser discutida en el transcurso de la investigación. Esto porque hay quienes señalan que la investigación debió llevarla a cabo la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, ya que en la época en que ocurrieron los hechos que se investigará, Sebastián Piñera era Presidente de Chile. 

“Lo primero es determinar si estos hechos ocurrieron y si son constitutivos o no de delito, y si es que lo son, qué personas habrían participado en los mismos. Es lo que normalmente hacemos, una investigación que en este caso tiene la particularidad que es una acción que se dirige en contra de un Presidente de la República, y en virtud de eso es que hemos considerado prudente que la tome yo en mi condición de fiscal regional”, señaló el fiscal Guerra. 

Y en torno a la posibilidad de tomarle declaraciones al ex mandatario, el persecutor dijo que es “la investigación la que nos va a determinar qué diligencias realizar, yo preferiría no hacer ninguna mención específica, pero por lo mismo nosotros nunca descartamos ninguna diligencia de investigación”. 

Las primeras investigaciones se realizarán a partir de la próxima semana y, mientras, la admisibilidad de la querella se pone en conocimiento de la Defensoría Penal Pública para que asuma la defensa de Piñera, pero lo más seguro es que en los próxima semana el ex Presidente designe a un defensor privado para que lo represente. 

Mediante su querella, el diputado Gutiérrez solicitó que se investigue los presuntos delitos de uso de información privilegiada, negociación incompatible y la infracción al Artículo 247 del Código Penal. Todo lo anterior a raíz de la compra, por parte de Bancard, de la pesquera peruana Exalmar. 

El abogado Boris Paredes, que patrocinó la querella del diputado Hugo Gutiérrez, dijo estar satisfecho con la admisibilidad de la acción legal, al igual que con los fiscales que se hacen cargo de ella. 

Y adelantó que pedirán que también se investigue la posible existencia de delitos tributarios, debido a que Bancard tiene sus capitales en la Islas Vírgenes inglesas, en paraísos fiscales. 

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