En el contexto en que, según revela el diario La Tercera, hoy el Servicio Nacional de Menores (Sename) experimenta 83 sumarios por posible maltrato de funcionarios a menores, y de casos como el de Lisette –la menor de 11 años que falleció en el Cread Galvarino- y de una serie de denunciar que engloban la infancia vulnerada,  el gerente general de la Fundación San Carlos de Maipo, Marcelo Sánchez, expone a Publimetro que en Chile existe un problema que se arrastra hace años en nuestro país y que tiene su base en cómo el Ejecutivo abarca el tema de la vulnerabilidad infantil.

“En el discurso Presidencial del pasado 21 de mayo fue positivo que se volviera a poner en el tapete a nivel nacional la necesidad de dividir y especializar el Sename. Pero esto es uns situación que se plantea hace por lo menos, 10 años”, explica Sánchez. “Hace rato que existen antecedentes que muestran que el Estado no es capaz de proteger a los niños que viven en una situación de vulnerabilidad extrema, como aquellos que viven en residencias. Este sistema de protección de ha transformado en uno donde hay graves vulneraciones de derechos y los sumarios ratifican eso, la muerte de una niña de 11 años al interior de un centro ratifica eso, el intento de suicidio de un joven en una jaula de leones el cual pasó la mayor parte de su vida en estos centros, ratifica las malas prácticas de protección”, agrega.

El Gerente de la Fundación agrega que cree que el sistema actual de protección tiene problemas de infraestructura, de intervención terapéutica, entre otros y enfatiza en que "echó de menos" en la Cuenta Pública que se hablara de proyectos y no de medidas concretas.

“La División y Especialización del Sename es una medida correcta solamente si es capaz de garantizar a todos los niños y adolescentes, ya sean por justicia juvenil o protección, la debida oportunidad de reparar o reinsertar según sea el caso.  El Estado debe avanzar en restituir el derecho a vivir en familia a más de 11 mil niños y adolescentes que se encuentran en residencias, con mecanismos de reunificación familia”, propone Sánchez.

La misma institución es la que plantea que es importante que este grupo de niños sea revinculado familiarmente, con su familia de origen, extensa, de acogida o de adopción como medida para reducir tiempos de internación que completarían el proceso de intervención terapéutica, acompañamiento al menor y apoyo legal en los tribunales de familia.

“Nosotros sacamos que el costo aproximado está cerca de los $US100 millones, sin un proyecto de Ley específico, si no que con la voluntad política de aportar recursos a este tema tan importante. Es necesario que se levante una agenda concreta por la infancia en riesgo de los niños chilenos, dando una señal positiva de la capacidad del Estado para protegerlos”, finaliza.

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PB/MC