Un total de 1.373 antiguos agentes de la dictadura de Augusto Pinochet están en manos de la Justicia chilena en condición de procesados, acusados o condenados, informaron hoy fuentes oficiales.

De ese total, 495 se encuentran como procesados, 216 en calidad de acusados y 662 están condenados, 180 de ellos en sentencia de primera instancia, 138 han sido condenados en segunda instancia por una Corte de Apelaciones y 334 por sentencia definitiva dictada por la Corte Suprema.

Los datos corresponden a un informe presentado este jueves por el Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, que precisa que de los 344 exagentes condenados definitivamente por la Corte Suprema, 163 recibieron una pena de presidio efectivo.

De esos 163, actualmente 117 se encuentran en prisión y los demás ya cumplieron sus condenas, murieron mientras las cumplían o poco antes de comenzar a cumplirlas, indica el texto.

Los restantes condenados por la Corte Suprema, que suman 181, recibieron penas sustitutivas contempladas en la ley, como es el caso de la libertad vigilada.

De los 117 que se encuentran en prisión, 110 cumplen sus penas en la prisión de Punta Peuco, a 35 kilómetros al norte de Santiago, construida especialmente para violadores de los derechos humanos.

Esta prisión es objeto de controversias por los privilegios que supuestamente disfrutan los antiguos represores, como canchas de tenis, piscina, instalaciones para preparar asados, televisión por cable o internet.

Hace algunas semanas, Alvaro Corbalán Castilla, exjefe operativo de la Central Nacional de Informaciones (CNI), condenado a varias penas, incluida una a cadena perpetua, fue sorprendido por tercera vez con un celular oculto en su celda y, como castigo, fue trasladado a una cárcel de alta seguridad de Santiago.

El informe señala además que de los 117 encarcelados, 5 lo hacen con beneficios como salidas dominicales o de fin se semana, mientras otros 6 lo hacen en libertad condicional, que se les otorgó al cumplir el porcentaje de condena requerido para ello y otros requisitos como buena conducta o manifestar arrepentimiento de sus delitos.

Por otra parte, indica el informe, durante este año, hasta el pasado 1 de diciembre, el Programa de Derechos Humanos ha presentado 84 nuevas querellas contra exagentes, en representación de los familiares de 105 detenidos desaparecidos o ejecutados políticos.

La institución es actualmente parte querellante en 942 juicios por un total de 1.762 detenidos desaparecidos y ejecutados políticos (1.668 hombres y 94 mujeres).

Según datos de la Corte Suprema, al pasado 30 de noviembre había abiertas 1.048 causas vigentes por violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).

En ese período, según la información oficial, unos 3.200 chilenos murieron a manos de agentes del Estado, de los que 1.192 aún figuran como detenidos desaparecidos, mientras otros 33.000 sufrieron la tortura y la prisión por causas políticas.

El área social del Programa ha prestado apoyo además a 1.036 familiares de detenidos desaparecidos y ejecutados políticos y a 323 víctimas de otras violaciones a los derechos humanos, como exprisioneros supervivientes, exonerados y retornados del exilio.

También ha entregado respaldo a familiares de 80 víctimas en situaciones como entrega de osamentas, identificación de restos, traslados de restos, exhumaciones e inhumaciones.

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