Luego de la cuestionada muerte de una niña de 11 años al interior de uno de los centros de atención del Servicio Nacional de Menores (Sename), el Gobierno repondrá el carácter de urgencia al proyecto que busca modificar y cambiar la institucionalidad del organismo.

Según consignó La Tercera, el proyecto de Sistema de Garantías de los Derechos de la Niñez, que busca adaptar la normativa que protege los derechos universales de los niños, niñas y adolescentes a los convenios internacionales a los que Chile se ha suscrito, tendrá esa calidad el próximo 2 de mayo.

La iniciativa, que fue presentada por la presidenta Michelle Bachelet el 21 de septiembre de 2015, había tenido suma urgencia, pero en enero de este año el Ejecutivo decidió sacárselo.

Es más, entre el 6 hasta el 27 de enero de este año, la urgencia del proyecto que busca proteger a los niños, niñas y adolescentes en Chile fue modificada en cuatro oportunidades.

De acuerdo al Ministerio Secretaría General de la Presidencia (Segpres), según señaló el matutino, la última modificación se debió al receso parlamentario de febrero, por lo que, desde esa fecha el proyecto quedó sin ningún tipo especial de tramitación.

Pese a que el Ejecutivo tenía programado darle el carácter de urgencia el pasado miércoles 20 de abril, las autoridades de Gobierno debieron suspender esta decisión debido al duelo nacional por la muerte del ex Presidente Patricio Aylwin, donde no existieron sesiones en el Congreso.

La muerte de Lissette en el centro Cread Galvarino del Sename reabrió el debate en el país sobre la protección y cuidado de los niños, niñas y adolescentes, los que debido a su vulnerabilidad deben ser respetados y el Estado defender sus derechos, de acuerdo a las normas internacionales que Chile ha firmado.

Tras su fallecimiento, cuyas causas aún se investigan, la directora del Sename, Marcela Labraña, debió renunciar el pasado viernes.

Por esto, también el Ejecutivo decidió poner urgencia al proyecto, el que contempla la división del Sename en dos organismos, uno encargado de velar por los derechos de niños y niñas vulnerados, y otro destinado específicamente para los infractores de la Ley Penal Adolescente.

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