Este viernes se difundió un decreto del 30 de octubre pasado, firmado por la Presidenta Michelle Bachelet y la ministra de Salud, Carmen Castillo, que entró a la Contraloría General de la República el 12 de noviembre y que terminó su trámite en el organismo fiscalizador con la toma de razón el 1 de diciembre último.

El decreto dispone que la importación, exportación, transporte, expendio, posesión y tenencia de cannabis y sus derivados siguen estando prohibidas en el territorio nacional.

Pero añade que "sin perjuicio de lo anterior, en casos calificados y para fines de investigación científica, el uso de estas sustancias podrá ser autorizado por el Instituto de Salud Pública de Chile, en las condiciones que determine la resolución correspondiente".

Añade que "con todo, el Instituto de Salud Pública podrá autorizar y controlar el uso de cannabis, extractos y tinturas de cannabis para la elaboración de productos farmacéuticos de uso humano".

Asimismo, el decreto señala que "las especialidades farmacéuticas que contengan cannabis, resina de cannabis, extractos y tinturas de cannabis podrán expenderse al público en farmacias o laboratorios mediante receta médica retenida con control de existencia"

Más adelante, el decreto elimina la cannabis de la Lista I de estupefacientes peligrosos para la salud y la incorpora a la Lista II, junto con la resina de cannabis y los extractos y tinturas de cannabis.

La Lista I incluye a las drogas consideradas peligrosas para la salud de la gente, por la dependencia física y psicológica que causan y por los daños al organismo.

Esta medida se produce en medio de la discusión por la legalización de la marihuana con fines medicinales y recreativos, proyecto que se encuentra en tramitación en el Congreso.

Extrañamente, el Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol (Senda) del gobierno se opone a esta legalización y considera que la marihuana sí es una sustancia peligrosa.

 

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