Luego que la jueza María Teresa Villagra solicitara ser inhabilitada de forma permanente de las audiencias relacionadas al caso Luchsinger Mackay, por acusar un supuesto "hostigamiento hacia su persona" de parte de los defensores públicos, el defensor nacional, Andrés Mahnke, respaldó el actuar de los abogados y consideró no poseer elementos que acrediten responsabilidades administrativas vinculadas a los dichos de la magistrado. 

Mahnke se refirió al tema luego de acudir a La Moneda y reunirse por casi dos horas con el subsecretario del Interior, Mahmud Aleuy, un día después de que este anunciara una investigación por presuntas agresiones contra fiscales y jueces relacionados a investigaciones por violencia rural en La Araucanía.

"Los defensores motivaron una recusación amistosa a la que la jueza accedió, luego fue revocada por la Corte, y ahora la inhabilitación la promueve ella misma", aseveró Mankhe, en un argumento que coincide con lo declarado este viernes por el vocero de la Corte Suprema Milton Juica, quien restó dramatismo a la decisión.

El defensor nacional negó que exista una actuación que requiera "reprochar a los defensores", e indicó que los abogados hicieron uso de los instrumentos jurídicos que se les otorgan. "Estos cumplen técnicamente el rol de defensores impugnando muchas veces las resoluciones judiciales", añadió.

Villagra había acusado "hostigamiento" de los defensores públicos hacia su persona, y respaldó su decisión en el artículo 196 número 16 del Código Orgánico de Tribunales, el cual concede la inhabilitación por "tener el juez con alguna de las partes enemistad, odio o resentimiento que haga presumir que no se halla revestido de la debida imparcialidad".

La recusación amistosa que inhabilitó a la jueza por primera vez el pasado 26 de mayo, fue solicitada por la defensa al considerar cierta "parcialidad" de la magistrada al autorizar una serie de escuchas teléfonicas "por que le sonaban los nombres" de un grupo de mapuches entre quienes se encontraban los once comuneros actualmente imputados por el asesinato de Werner Luchsinger y Vivianne Mackay en el fundo Lumahue el pasado 4 de enero de 2013. 

PUB/SVM