La Corte Suprema ratificó la condena en contra del Instituto Profesional Santo Tomás, el que fue denunciado ante el Sernac, tras el fallo de la Corte de Apelaciones de Talca a favor de los estudiantes de la carrera de investigador criminalístico, a quienes se les deberá indemnizar en total con la suma de $413 millones.

Los ex estudiantes obtendrán entre $4 a $6 millones dependiendo de los años que alcanzaron a cursar la carrera, además la institución deberá pagar una multa de beneficio fiscal de 50 UTM.

Para el director nacional del Sernac, Ernesto Muñoz, el fallo lo considera como un triunfo para los estudiantes.

“Este fallo es un triunfo para los estudiantes, pues reafirma que tienen el derecho a que las instituciones educacionales cumplan lo que prometen”, señaló el director del Sernac.

El motivo de la denuncia fue porque el servicio entregado ofrecía un campo laboral en distintas reparticiones públicas, pero al final los alumnos se dieron cuenta que esto no era cierto.

La información entregada por el IP Santo Tomás a través de sus dípticos, página web y en revistas, señalaba que quienes cursaran dicha malla curricular podrían ejercer profesionalmente en laboratorios de criminalística públicos; como asesores de fiscales; en la Defensoría Pública, entre otros.

Sin embargo, los 84 afectados tomaron conocimiento que se trataba de publicidad engañosa, pues no existía mercado laboral posible y por tanto no podrían ejercer profesionalmente.

EL director del Sernac aprovechó la instancia para señalar que el poder tener una publicidad transparente es clave para poder tomar buenas decisiones.

“El acceso a la publicidad transparente es clave para que la ciudadanía pueda tomar decisiones informadas, por esto, el resultado de este fallo nos parece ejemplar ya que el centro de estudios no sólo atentó contra el futuro laboral de estos jóvenes sino que también contra la economía y aspiraciones familiares”, agregó Muñoz.

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