La Corte de Apelaciones de Temuco rechazó los recursos de amparo presentados en favor de 11 comuneros mapuches, imputados por el Ministerio Público por su eventual responsabilidad en el delito de homicidio con incendio de carácter terrorista del matrimonio Luchsinger-Mackay, ocurrido en enero de 2013.

La resolución fue adoptada por la Primera Sala del tribunal de alzada luego de objetar los argumentos presentados por la defensa de los 11 comuneros, con los que se buscaba dejar sin efecto la medida cautelar de prisión preventiva de 10 de los 11 imputados en la causa que decretó la magistrada Alejandra García Bocaz, del Juzgado de Garantía de Temuco, el 30 de marzo último.

La sentencia del tribunal de alzada estima que la decisión que determinó la prisión preventiva de José Talcal Coche, Luis Tracal Quidel, Francisca Linocano Huinca, Sergio Catrilaf Marilef, Sabino Catrilaf Marilef, Hernán Catrilaf Llaupe, Juan Tracal Quidel, José Córdova Tránsito, Aurelio Catrilaf Parra y Eliseo Catrilaf Tránsito y el arresto domiciliario de Juan Peralino Huinca, se ajusta a la normativa legal.

"En razón de los antecedentes de la investigación expuestos por los intervinientes en estrados, que dieron cuenta de una decisión razonada y motivada por parte de la Jueza de Garantía recurrida, en el sentido de decretar la prisión preventiva del amparado, determina que aparezca suficientemente fundada en los términos del artículo 36 del Código Procesal Penal”, sostiene el fallo de la Corte de Apelaciones de la capital de la Región de La Araucanía.

Durante los alegatos de la jornada de este viernes para zanjar precisamente los 4 recursos interpuestos a favor de los comuneros, incluida una autoridad religiosa, llamó la atención la presentación de antecedentes por parte del Ministerio Público, en los que se dio cuenta de una llamada telefónica de uno de los imputados, Juan Peralino Huinca, quien atestiguó en contra de los otros 10 imputados el día de la formalización.

En la oportunidad, Peralino, quien está bajo arresto domiciliario, dijo ante el tribunal que su declaración inculpatoria era fruto de presiones y amenazas por parte de funcionarios de la policía civil.

No obstante, en los antecedentes presentados por la Fiscalía en los alegatos ante el tribunal de alzada temuquense, se pretendió demostrar que en la llamada en cuestión realizada por Perelino, éste le habría dicho a su pareja que las presiones y amenazas no habrían existido.

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