La Corte Suprema determinó mantener la prisión preventiva que pesa contra 10 de los 11 comuneros mapuche que son sindicados por el Ministerio Público como responsables del atentado incendiario que provocó la muerte del matrimonio Luchsinger-Mackay, en enero del año 2013, en la localidad de Vilcún, en La Araucanía.

La decisión fue adoptada por la Segunda sala penal del máximo tribunal de justicia del país, que de este modo rechazó cambiar la medida cautelar solicitada por la defensa y dejó a firme lo resuelto por el Tribunal de Garantía de Temuco, tras formalizar a los imputados, entre ellos, a la machi Francisca Linconao.

La revisión de la causa fue analizada por la Sala Penal, luego de que la defensa de los comuneros recurriera al máximo tribunal para revertir el fallo de la Corte de Apelaciones de Temuco, que rechazó el recurso de amparo de los imputados el pasado 8 de abril y confirmó lo resuelto por el Tribunal de Garantía.

Durante los alegatos de la semana pasada, la defensa de los detenidos argumentó ante la Corte Suprema que la Fiscalía basa su persecución penal en el testimonio que prestó uno de los imputados, José Peralino, y que dichas declaraciones se obtuvieron de manera forzada e ilegal.

"Se hacen evidentes dos ilegalidades: una dice relación con la obtención de pruebas, en la cual hay coacción respecto a los dichos del señor Peralino, quien también ha dicho públicamente que todo lo que él declaró es mentira y fue producto de una coacción”, señaló la defensora penal mapuche, Manuela Arroyo.

“Además se evidencia la falta de fundamentación del Tribunal de Garantía de Temuco (donde los comuneros fueron formalizados), que no se hizo cargo de las alegaciones de la defensa, que dicen relación con aspectos probatorios que no tienen ningún sustento en la investigación”, agregó.

El fiscal regional de la Araucanía, Cristián Paredes, aseguró que el testimonio cuestionado es legal y que esas apreciaciones son “ligeras y carentes de todo asidero en la investigación y los hechos".

"Él (Peralino) ha declarado siempre bajo estatuto, previa lectura de sus derechos, informado de aquéllos y renunciando a guardar silencio. Es más, su declaración la rindió ante dos fiscales del Ministerio Público y ante dos policías. Por tanto, con pleno resguardo a sus derechos", indicó en su momento el fiscal.

Los comuneros, todos del sector de Tres Cerros, en la comuna de Padre Las Casas, fueron arrestados por su presunta participación en el ataque a la casa patronal del matrimonio Luchsinger-Mackay.

Diez de ellos permanecen en prisión, mientras otro, que fue presentado como testigo por la policía, está con arresto domiciliario luego de que sindicara en estrado la responsabilidad de los demás detenidos, en medio de una polémica por las presiones y chantajes de las que dijo ser objeto por parte de la PDI, para que inculpara a los otros comuneros.

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