Ayer se realizó la reunión entre la Confech y la ministra de Educación, Adriana Delpiano, debido a las fuertes medidas de seguridad con que fueron recibidos los dirigentes al llegar al Mineduc, donde se les revisaron sus bolsos y se les obligó a ingresar sin mochilas. “Fue una exageración del Ministerio y nos sorprendió que nos pidieran las mochilas”, afirmó la presidenta de la Federación de Estudiantes de la U. de Chile, Camila Rojas.

Tras la cita los dirigentes tuvieron una visión crítica porque se les presentó una exposición general con respecto al proyecto de ley y en Concepción se reunirá hoy la Confech para hacer una evaluación de la reunión y será ahí donde definirán si harán un llamado a radicalizar las movilizaciones o a deponerlas.

Los universitarios van a revisar una minuta que el Mineduc se comprometió a enviarles esta mañana, y en base a eso definirán si se dan las condiciones para evaluar positivamente la reunión.

Una de las preguntas que los dirigentes hicieron a la ministra y sus asesores fue cómo se avanzará para llegar a la gratuidad universal. La explicación apuntó a que para 2017 se mantiene el beneficio para los estudiantes de los cinco primeros deciles, sumando alumnos de IP y CFT; y para 2018 se pretende alcanzar el 60% más vulnerable de estudiantes.

¿Cuándo se pasará del sexto al séptimo decil? Según parlamentarios, el Mineduc les ha explicado que esa definición dependerá del siguiente gobierno.

Y ayer los universitarios lograron saber que en el proyecto de reforma a la educación superior se va a establecer que para avanzar del séptimo al octavo decil se va a establecer subir un punto del Producto Interno Bruto del país (PIB), respecto al resultado del año anterior.

Luego, para pasar a beneficiar a los alumnos del octavo y noveno decil la condición será que el PIB se incremente en tres puntos sobre sí mismo.

La misma fórmula correrá para sumar a los estudiantes del noveno y décimo decil (tres puntos sobre el PIB anterior)

En esta fórmula, se debe considerar que puede haber años de estancamiento en que el PIB no logre aumentar lo que establece el proyecto, por lo tanto no se puede calcular con exactitud la cantidad de años que se requieren para alcanzar la gratuidad universal.

Actualmente, la nueva política pública favorece a cerca del 10% de la matrícula de educación superior, con cerca de 140 mil estudiantes que pertenecen a los cinco primeros deciles y que están matriculados en las 30 universidades que adscribieron al nuevo modelo.

De acuerdo a los datos que maneja Acción Educar, más del 50% de la matrícula actual estudia en los cuatro deciles superiores.

La mayor crítica de los dirigentes con respecto a los detalles que les entregaron del proyecto, apunta a que “está pendiente que exista una sanción penal y no sólo administrativa”, dijo Camila Rojas.

Según los dirigentes, en el proyecto se contemplan medidas desde multas hasta el cierre de las instituciones que no cumplan con la ley, “pero no queda claro qué pasa con los responsables y no hay una sanción como un delito”, dijo Marta Matamala, presidenta de la Feusach.

PUB/FR