La ministra de Salud, Carmen Castillo, defendió el Plan Nacional de Inmunización luego que la Contraloría decidiera objetar el registro y la inclusión de la vacuna en contra del Virus del Papiloma Humano en ese plan. 

“Es absolutamente confiable”, dijo la líder de la cartera de Salud respecto a esa vacuna que desde 2014 se está administrando a niñas de entre 9 a 13 años a lo largo de todo el país.

“Las inducciones que nosotros hemos dado han sido con sustento técnico, evaluando también información internacional para poder aplicar la vacuna dentro de todo el rograma de Inmunización”, agregó Castillo.

De hecho, sobre reiteró que “nuestro programa está absolutamente validado. tenemos antecedentes de que muchas de las formas como estamos aplicando la vacuna se están replicando en otras partes del mundo, llámese Reino Unido, Dinamarca y otros países del mundo. Por lo tanto, estamos tranquilos”, precisó.

Aclaró además que tras el informe de la Contraloría, ahora le queda a la cartera de Salud responder al requerimiento. 

“Esperamos que Contraloría pueda acoger nuestras observaciones”, dijo la ministra Castillo.

“En todas las materias técnicas, en general la Contraloría no interviene. Nosotros los antecedentes técnicos los tenemos. Sin embargo las opiniones de Contraloría, obviamente tenemos que darle una respuesta como corresponde”. 

“La respuesta es que estamos aplicando la vacuna con mucha responsabilidad, de calidad -que es muy importante- y también en las dosis cómo se está aplicando estamos tomando antecedentes internacionales de países que están tomando esta alternativa”, dijo.

Afirmó además que este es un plan pensado al largo plazo ya que “en 20 años más van a impactar en la no existencia de cáncer cervicouterno en las niñas que van a recibir estas dos dosis en distinto año de edad”, agregó.

Cabe señalar que la Contraloría objetó el registro de la vacuna “Gardasil” en el Plan Nacional de Inmunización a petición de la diputada Karla Rubilar. El organismo contralor aseguró que los estudios en los que se basó el Instituto de Salud Pública (ISP) para incluirla no es “concluyente” y además cuestionó el período que existe entre cada vacuna que el Gobierno entrega cada un año, siendo que los estudios recomiendan hacerlo con una separación máxima de seis meses. 

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