El presidente del Consejo de Defensa del Estado (CDE), Juan Ignacio Piña, sostuvo este lunes una reunión de trabajo con el ministro de Medio Ambiente, Pablo Badenier, por el caso del derrame de petróleo en la bahía de Quintero, ocurrido en septiembre de 2014. 

Piña le informó sobre los antecedentes y alcances de la demanda de indemnización de perjuicios presentada por el CDE contra la empresa LR Mimosa, propietaria del buque tanque responsable del vertido de 38,7 metros cúbicos de petróleo crudo en la bahía de Quintero. 

Tras la reunión, Piña subrayó que la demanda indemnizatoria persigue se condene la responsabilidad de los propietarios del buque tanque de modo de “cuantificar los perjuicios ocasionados y aquellos que son necesarios de anticipar, para efectos de reparar adecuadamente cualquier impacto que se haya producido en el medioambiente luego de éste lamentable vertido”. 

Desde esa perspectiva, precisó que hasta este momento “los gastos han superado los 800 millones de pesos pero, efectivamente, hacia el futuro es necesario resguardar adecuadamente los intereses y el patrimonio fiscal que aún deba invertirse para efectos de recuperación y que sin duda será mayor a esa cifra”. 

Por su parte, el ministro Pablo Badenier afirmó que el derrame no va a quedar impune. "El Estado, a través de su Consejo de Defensa, ha interpuesto todas las acciones judiciales que permitan reparar el daño ambiental ocasionado a los pescadores, a la comunidad de Quintero, así como los gastos en que ha incurrido el Estado para poder controlar en su momento este accidente”, sostuvo. 

Costos asociados

El presidente del CDE añadió que actualmente la aseguradora del buque ha constituido un fondo de limitación de responsabilidad por un monto de $26.899 millones contra el cual se pagarán los montos indemnizatorios que en definitiva el tribunal establezca, por concepto de gastos derivados de las acciones de recuperación. 

“La demanda constituye un paso natural en la materialización de las acciones para recuperar los recursos fiscales invertidos tras el vertido y las consecuencias que éste tuvo y tendrá para el ecosistema dañado", explicó Piña. 

"A través de la potestad que la ley le otorga, el CDE ha ejecutado decididamente cada uno de los protocolos y procedimientos técnicos que permiten hoy avanzar hacia una condena de los daños y diversos perjuicios ocasionados”, añadió. 

El presidente del CDE agregó que el camino judicial que se ha seguido “ha sido responsable, luego de haber concluido la investigación sumaria hecha por la Directemar” y que ahora resta “que los tribunales de justicia avancen para hacer efectiva las responsabilidades de los propietarios”. 

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