La alcaldesa de Providencia, Josefa Errázuriz, informó este viernes que el municipio estudia acciones legales contra la empresa Aguas Andinas, producto de la rotura de matriz de agua potable que inundó el Metro, parte de la Alameda y avenida Providencia.

“Recién ahora está sin agua la sala del Tajamar, que es Monumento Nacional. Tendremos que bajar, a ver el estado de la sala, ver qué va a significar de gasto adicional en el proyecto que se iniciaba con una licitación ahora en junio y que se retrasó y recién ahí evaluaremos cuáles son las acciones a seguir”, señaló la edil a radio Cooperativa.

“Tuvimos cinco familias que tuvieron daño en sus enseres del hogar y, por lo tanto, también ellos (Aguas Andinas) tendrán que ser responsables”, agregó.

La alcaldesa de Providencia aseguró que “nosotros tomamos todas las medidas en el día de ayer y esas familias (fueron afectadas) por agua que entró a través del alcantarillado”.

Asimismo, Errázuriz enfatizó que la municipalidad había oficiado en abril a Aguas Andinas por filtraciones en el Museo Tajamar. Luego enviaron otro oficio en mayo y también solicitaron a la Superintendencia de Servicios Sanitarios, supervisar esta situación.

“Aguas Andinas nos respondió el 24 de mayo diciendo que, luego de las pruebas que habíamos hecho en conjunto, ellos iban a proceder con distintas técnicas para poder dimensionar cuáles podrían ser las razones de las filtraciones”, detalló la edil.

“En eso se estaba, y es ahí mi molestia, porque creo que pasó más de un mes y ayer, 9 de junio, tuvimos la rotura definitiva de la matriz y, por lo tanto, que fluyera el agua, que es una cantidad importante, y provocara el socavón del cual somos testigos ahora y que ha significado problemas para la movilidad de la ciudad”, señaló Errázuriz.

En tanto, el superintendente de Servicios Sanitarios, Gabriel Zamorano, reafirmó los dichos de la alcaldesa de Providencia y dijo que “nosotros instruimos a la empresa para que tomara las medidas del caso respecto de las filtraciones que se habían detectado en este punto”.

Por lo tanto, la Superintendencia de Servicios Sanitarios se encuentra realizando la investigación correspondiente y, al término de ésta, Zamorano remarcó que “vamos a tener la formulación de cargos. Las sanciones pueden llegar hasta 1.000 UTA, que es algo más de 500 millones de pesos”.

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