El senador y presidente de la UDI, Hernán Larraín, y el senador RN, Alberto Espina, retiraron de la Agenda Corta Antidelincuencia, la indicación que autorizaba al Ministerio Público, y la policía civil y uniformada, a exigir la entrega de registros fotográficos y audiovisuales que incluyeran la cobertura de infracciones o ilícitos.

La indicación 62 establecía que toda persona natural y jurídica “que tenga información o antecedentes que permitan identificar a los responsables de una infracción o delito que se haya producido con motivo u ocasión de la realización de un crimen o simple delito, tales como grabaciones o fotografías, deberá entregarla, a la mayor brevedad, a las policías o Ministerio Público, cuando les serán requeridos por éstos”.

Los parlamentarios manifestaron que con la medida se buscaba acceder en forma más eficiente a las grabaciones de las cámaras instaladas en la vía pública y los centros comerciales, sin embargo, se estimó que la norma habría afectado el desempeño de la prensa.

Por esta razón, el Colegio de Periodistas llamó a los legisladores a retirar la indicación, ya que constituía un perjuicio para el ejercicio del derecho a la libertad de expresión y a la garantía de acceso a la información de la ciudadanía.

Respecto de las eventuales trabas que la indicación habría significado para la libertad de información, Hernán Larraín, manifestó que “en ningún momento ha estado dentro de nuestras intenciones el afectar la labor de los reporteros o de los medios de comunicación en general en el manejo y el uso exclusivo de sus imágenes respecto de los hechos que graban”.

En la misma línea, el timonel del gremialismo añadió luego que “nuestro propósito decía relación con otro tipo de antecedentes audiovisuales por ejemplo, una red de seguridad local o de un edificio pudiera tener, como una manera de ayudar al trabajo de esclarecimiento en la investigación de un hecho para el Ministerio Público”.

Por su parte, Alberto Espina sostuvo respecto de la retirada indicación que “en su momento veremos cómo logramos que el material que se registra en los locales comerciales o lo de la vía pública puedan ser objeto una disposición a la brevedad de la autoridad para la investigación de un delito”.