A una semana del despacho del proyecto de ley de Nueva Educación Pública desde la Cámara de Diputados hacia el Senado, donde se contempla que los colegios dejarán de ser administrados por los municipios para estar bajo la supervisión de los 67 Servicios Locales de Educación (SLE) a lo largo del país, diferentes actores involucrados han expresado sus opiniones frente al tema que viene a cambiar el actual sistema de los colegios y liceos públicos.

Uno de los puntos más renombrado es el cambio en el actual sistema de financiamiento con que cuentan los establecimientos públicos, el que se sustenta bajo la lógica del voucher, quiere decir que la asistencia del estudiante a clases genera un monto de $67.007 mensuales, situación que por estudiantes, parlamentarios y profesores quiere ser cambiada a un financiamiento basal, donde los recursos sean entregados al proyecto educacional con variables de vulnerabilidad.

Además del cambio en el financiamiento por asistencia, desde los profesores han expresado su descontento por el proyecto que ya debe ser discutido por los senadores, argumentando que con el traspaso desde la administración de los municipios hacia los SLE, se generarán deudas que ya han sido contraídas con los docentes.

"El problema más grave es que no se garantiza que el municipio finiquite todas las deudas que queden con los profesores, hay municipios que tienen cuantiosas deudas previsionales, y otros con deudas salariales de bonos o parte del sueldo que no se han pagado y de los que los SLE no se harán cargo”, señaló a Publimetro el prosecretario nacional del Colegio de Profesores, Mario Aguilar.

Al problema planteado por uno de los dirigentes del gremio docente, se suma la incertidumbre que dicen sentir una parte de los profesores encabezados por otro de los dirigentes, el secretario del gremio, Darío Vásquez, quien expresa que al estar estipulado un traspaso de “plantas docentes ajustadas” hacia los SLE generará una posible situación de despido.

“La contradicción que existe es que en la ley se dice que deben pasar las plantas docentes ajustadas desde los municipios hacia los Servicios Locales, lo que quiere decir que el número de profesores que debiesen ingresar al sistema debiesen ser el que se requiere por la cantidad de horas de acuerdo a los alumnos matriculados y es posible que hayan muchos más docentes, pero esto es algo que no tenemos claro ni discutido con el gobierno”, señaló Darío Vásquez.

Además de estos temas que mantienen en constante evaluación a los profesores para poder influir en el próximo paso legislativo que vive el proyecto de ley que está enmarcado en la reforma educacional, sostienen que al igual que los estudiantes secundarios quieren un cambio en el financiamiento actual.

"El proyecto no es bueno para la educación chilena porque se hace de acuerdo al mismo marco existente, y cuando se mantiene el sistema de financiamiento, lo que genera que los colegios van a tener que seguir compitiendo unos con otros”, agregó Vásquez.