Una querella criminal en contra de quienes resulten responsables de la muerte, lesiones y vejámenes de niños y jóvenes ocurridas en recintos del Sename presentó el senador RN Francisco Chahuán en una acción que, patrocinada por el abogado Juan Carlos Manríquez, solicita la intervención de la Unicef y el pronunciamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre lo ocurrido durante los últimos diez años en establecimientos de la institución y su auxiliares.

Además de anunciar la entrega de nuevos antecedentes probatorios sobre hechos ocurridos en los centros, explicaron que la querella presentada esta mañana en el Tribunal de Garantía de Valparaíso “difiere de otras porque alude a la Convención de los Derechos del Niño, ratificada por Chile en 1990 y al sistema de protección interamericano de los derechos humanos”.

Precisaron que el texto pide oficiar la Unicef para que se acompañen todas las recomendaciones y resultados de las auditorías realizadas en la última década y que el Ministerio de Relaciones Exteriores haga lo propio ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanas para los efectos de activar el procedimiento que corresponda, pensando en que estamos en un Estado fallido en cuanto a la protección de los derechos de la infancia”.

Chahuán agregó que han recibido “otros antecedentes escalofriantes que tenemos en obligación de poner a disposición de los fiscales para establecer las responsabilidades penales correspondientes”.

Manríquez subrayó que “la acción interpuesta es especialmente relevante y diferente de otras porque pone el hincapié en una seguidilla de vejaciones injustas e intolerables que desde el punto de vista técnico tienen tres consecuencias inmediatas: al tratarse de hechos violatorios de los derechos humanos de infantes niños y jóvenes, se trata de hechos inamnistiables e imprescriptibles, que no procede archivar ni sobreseer, por lo que va a tener que realizarse investigación esclarecedora de largo aliento, de reparación y dolor, y que va a dar cuenta del nivel de crueldad al que se ha llegado con estos niños”.

El abogado precisó que a través del libelo se piden acciones coordinadas con las brigadas investigadoras de delitos contra Derechos Humanos de la Policía de Investigaciones, Carabineros y el fiscal a cargo de la causa; se solicita que la Unicef entregue informes y auditorías al Sename de la última década y coordinación con el sistema interamericano de protección de Derechos Humanos y que el Estado, a través de la Cancillería tome nota del asunto y se dirija a la Comisión en Washington y Costa Rica.

Manríquez afirmó finalmente que tras los hechos denunciados “se reconoce que el sistema ha fallado y una condena contra el estado chileno puede ser muy deleznable si se logra establecer que nuestro país, signante de la Convención de Derechos del Niño, la ha infringido”.

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