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Tras el fallo del TC, la exclusión de los Centros de Formación Técnica (CFT) e Institutos Profesionales (IP) de la glosa, ha puesto en el tapete la pregunta sobre qué tanto la discriminación a la que se apelaba se ha resuelto al dejar fuera a una gran parte de los estudiantes más vulnerables del país.
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En pleno debate por la ley corta de gratuidad que se discute contra el tiempo en el Congreso y el futuro del ingreso a la gratuidad de los CFT e IP, en Publimetro conversamos con Gonzalo Vargas, Rector de Inacap y presidente de Vertical (Asociación Gremial de Institutos Profesionales y Centros de Formación Técnica Acreditados).
– ¿Cuál es la postura que han adoptado como institución?
– La evaluación que hacemos es negativa porque en la ley corta toda institución que entre dentro de la categoría educación superior técnico profesional queda excluida. Se han generado 3 tipos de establecimientos: los estatales y los no estatales con gratuidad y al final los centros e institutos de formación técnica que quedan fuera con los estudiantes más vulnerables. Hay un tratamiento injusto, desigual, una discriminación arbitraria a la categoría completa.
– ¿Cree que han sido mirado en menos versus a las universidades?
– Sí y también en asignación de recursos. Un estudiante que elija una universidad recibirá un financiamiento de por lo menos 3 millones de pesos anuales. En un CFT o IP se discute aún pero algunos recibirían 600 mil pesos y otros un monto que varía entre 900 mil pesos o 1 millón. O sea, un universitario obtendría un financiamiento tres o cinco veces superior a uno de educación técnica aunque mejoren las becas. Eso es muy injusto.
– O sea, ¿la ley corta solo los perjudica?
– La mejor forma de explicarlo es este caso: si un alumno entra a una universidad con gratuidad que imparta una carrera técnica, no importa que tenga cuatro años de acreditación y no en todas sus carreras, él podrá estudiar gratis. En cambio si entra al Duoc, aunque tenga 7 años de acreditación y en todas sus carreras, no podrá. ¡Es absurdo! Puedes estudiar gratis una carrera técnica en una universidad y no en los institutos técnicos especializados por años en eso. Nosotros pensamos que la ley corta va en contra de lo que estableció el TC y nos llama mucho la atención que el gobierno, y hasta cierto punto el Congreso, estén insistiendo con una ley que vulnera su decisión.
– ¿Le parece correcto que el Ejecutivo argumente que la Beca Nuevo Milenio 3 es posible por las universidades privadas que no se adscribirán a la gratuidad?
– Ese no es el argumento. En la glosa venían destinados para los CFT e IP 100 mil millones en becas y 90 mil millones para gratuidad, en total 190. En la ley corta lo que hicieron fue sacar el monto asignado para gratuidad (90 mil millones) y de esos usar 20 mil para aumentar el monto de las becas, bajando de 190 mil a 120 mil millones. La plata viene de un presupuesto destinado a los CFT e IP y los 70 mil millones restantes financian el ingreso a la gratuidad de las universidades. La gran contradicción en esto es que se supone que esta es una política para disminuir la desigualdad, pero lo que está haciendo es crear más desigualdad.
– Dado el escenario, ¿cuál sería el camino ideal a seguir o la mejor noticia que podrían recibir?
– Es una pregunta muy difícil. Yo creo que sería un aumento en el monto de las becas que se acerque al arancel de referencia. Eso es lo único que operativamente se puede hacer, porque para efectos prácticos cualquier cosa que se legisle esta semana se va a estar implementando en enero. Una buena noticia sería que CFT e IP inicialmente considerados en la gratuidad pudieran optar a ella. Entendemos que el presupuesto no alcanza para todos y que no se puede todo de una, pero el problema aparece cuando se beneficia a unos primero y a los otros no. Debe ser equitativo.
– En el eventual caso que la oposición recurriera nuevamente al TC, ¿ustedes apoyarían esta iniciativa?
– Hay que entender que nosotros no somos parte de un requerimiento o una demanda. El TC recibe un requerimiento que debe ser presentado por parlamentarios, un particular no puede pedir un control preventivo de una ley. Al pedirse, el tribunal hace una audiencia pública donde escucha a todos los que se quieran inscribir. Ahí estaríamos dispuestos a dar nuestro testimonio, al igual que lo hicieron otras 15 instituciones el otro día. Solo eso.
PB/MC