La presidenta Michelle Bachelet, se comprometió enviar antes del término de este año el proyecto de ley que reforma la Educación Superior y con esa tarea asignada la ministra de Educación, Adriana Delpiano, ha sostenido una serie de reuniones con los parlamentarios de la Nueva Mayoría, con el fin de explicar el contenido de la propuesta de gratuidad que contiene la iniciativa. 

De esta manera se avanza en el proyecto que regulará a largo plazo la gratuidad para los alumnos que ingresen a la educación superior, y que a diferencia de lo ocurrido este año, no será tramitada en la glosa presupuestaria del Mineduc. 

El borrador de la reforma -que este jueves reproduce “El Mercurio”- cuenta con 170 artículos que abordan materias como la creación de una Subsecretaría de Educación Superior, el sistema de financiamiento público (para instituciones públicas y privadas), los requisitos para los estudiantes, la regulación de los aranceles, el control de las vacantes y los aportes basales para instituciones públicas y privadas. 

La iniciativa, que se encuentra en etapa pre legislativa, además establece el aseguramiento de la calidad de la educación superior y los procesos de acreditación de la instituciones. 

Respecto al financiamiento, el texto plantea que las instituciones estatales pasarán automáticamente al sistema de financiamiento público, mientras que las instituciones privadas que quieran incorporarse deberán contar con una serie de requisitos, entre los que se establecen la acreditación, ser dueños de sus inmuebles y contar con transparencia activa. 

En cuanto al financiamiento y la gratuidad para los estudiantes, la iniciativa considera que sólo se financiará la duración nominal de una carrera. Es decir, si un alumno excede ese tiempo, deberá pagar un porcentaje del arancel regulado a la universidad y esta correr con el resto. 

Para las instituciones que se sumen a la gratuidad, será la subsecretaría la que determinará el número de vacantes nuevas por un periodo de cuatro años, considerando factores como la calidad, el tipo de plantel y el presupuesto existente. 

El proyecto regula además los aportes basales a las casas de estudio, obliga a mantener los estados financieros de las universidades adheridas en forma pública, para evitar que se produzcan situaciones de lucro y crea una nueva acreditación de cuatro categorías, agregando a las exigencias para obtener dicha certificación mecanismos de participación transparentes y nuevas políticas de equidad para la permanencia y el acceso de alumnos. 

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