El Gobierno dio a conocer el fin a las negociaciones en torno a la reforma laboral por falta de acuerdo con la oposición, dando paso a la tramitación del veto al proyecto y descartando un cambio constitucional que revierta el fallo contrario del Tribunal Constitucional (TC) y haga viable la titularidad sindical y la extensión de beneficios por afiliación. 

"La Presidenta de la República ha instruído a los ministros a tramitar a la brevedad el referido veto, procediendo a la promulgación de la reforma laboral una vez que este sea despachado. En ausencia de un acuerdo transversal, el Ejecutivo no impulsará nuevas iniciativas legales referentes al proyecto de relaciones laborales, focalizando sus esfuerzos en una adecuada y oportuna implementación", comunicó el ministro Marcelo Díaz en compañía de los titulares de Haciendo y Trabajo, Rodrigo Valdés y Ximena Rincón, respectivamente.

"Ratificamos, en opinión del Gobierno, que la voluntad colectiva de los trabajadores debe ser representada exclusivamente por los sindicatos, que son las organizaciones permanentes dentro de la empresa. Sin embargo, de acuerdo al análisis realizado, no existe una interpreteación unívoca de los alcances del fallo del TC, existiendo el riesgo de que la interpretación de exclusividad de la titularidad del sindicato, se pueda relativizar implicando una precarización de las relaciones laborales", complementó Díaz.

El vocero de Gobierno aseguró que la presidenta había encargado explorar alternativas constitucionales que dieran legalidad a la norma, sin embargo, los quórum de 2/3 requeridos no fueron posibles de conseguir, dado que para llegar a aquel número se requería apoyo desde la oposición. 

"Valoramos y reconocemos la buena disposición y disciplina que tuvo la Nueva Mayoría durante este proceso. El Gobierno lamenta la ausencia de voluntad por parte de los representantes de los partidos de la oposición para construir un acuerdo que nos permitiera hacernos cargo del escenario generado a partir de su requerimiento en el TC".

Al respecto, el ministro Valdés dijo que "hicimos esfuerzos por varias semanas tratando de construir un acuerdo que dejara una posibilidad mejor en la ley, pero no tenemos los votos para hecerlo y no logramos que la oposición la acompañara en este esfuerzo", aseveró.

Con relación al veto, este contiene la anulación de normas relativas a pactos de adaptabilidad en materia de jornadas, de horas extraordinarias y jornadas pasivas, así como la introducción de un nuevo quórum para negociar. 

"Este incluye eliminar del proyecto de ley tres pactos de adaptabilidad. De aprobarse el veto, esos pactos ya no van a ser parte de la ley que va a promulgar, aunque quedan dos pactos que son más pequeños", detalló el titular de Hacienda. 

La ministra del Trabajo advirtió la futura judicialización en las relaciones laborales, afirmando que desde el Gobierno se hicieron todos los esfuerzos en torno a construir un acuerdo. 

"La ley es clara al dar titularidad a los sindicatos, y esa está plasmada en la ley y todos los demás temas que se analizaron para resolver dudas o incógnitas no fueron posibles de construir en armonía y en acuerdo", manifestó.

A esto Rincón añadió: "Nosotros lo que consignabamos en la norma que se recurrió, es que había titularidad exclusiva donde habían sindicatos, esa norma se eliminó con el fallo del tribunal y por lo tanto lo que queda es una normativa en orden a como se llevan adelante las negociaciones colectivas, cómo son las formas de hacerlas presentes, hay todo un procedimiento. Habrá mucha judicialización en torno a lo que se puede o no se puede hacer". 

Pese a lo que significa una derrota política para el Gobierno, el vocero Díaz destacó que "a pesar que la reforma no será todo lo que el ejecutivo impulsó, y que el Congreso aprobó por mayoría, sigue siendo el mayor avance para las relaciones laborales desde la recuperación de la Democracia".

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