Desde hace varias décadas que en el mundo se están llevando a cabo acuerdos internacionales que buscan resguardar la realidad medioambiental debido, en parte, a efectos de la sobre explotación de nuestro planeta, como el calentamiento global. Fue en este marco que en 1992 se realizó la "Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo" en la ciudad de Río, Brasil, estableciendo la “Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo”. Han pasado más de 20 años y los países de Latinoamérica y el Caribe han querido seguir avanzando en estas materias, debido a que ciertos conflictos clasificados como “socioambientales” se han tomado las agendas de los ministerios de medioambiente, como sucedió en nuestro país con casos como “Hidroaysén” o la central hidroeléctrica “Pirquenes”.

Realidad nacional

Para Chile, seguir avanzando en materias medioambientales es muy relevante, porque si bien tenemos una ley de acceso a la información, aún existen vacíos legales en estas materias. Según el mapa de conflictos socioambientales realizado por el Instituto Nacional de Derechos Humanos, en nuestro país actualmente existen 102 conflictos. Algunos de ellos serían: Plomo en Arica, Mina Salamanqueja, Central termoeléctrica Pirquenes, Hidroaysen, Proyecto Hidroeléctrico Alto Maipo, entre otros.

En esta línea, nuestro país será anfitrión de la quinta reunión del comité de negociación del “Acuerdo Regional sobre Acceso a la Información, Participación Pública y Justicia Ambiental de América Latina y el Caribe”. Este acuerdo, pretende tener carácter legal obligatorio para los 22 países participantes, es decir, los Estados que firmaron la declaración para la aplicación del “Principio 10” de la "Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo", en 1992. Este principio instruye a los países a la participación y la apertura de información a la ciudadanía en materia medioambiental. El principal tema a discutir en esta reunión apunta a definir los lineamientos de los artículos de acceso a la información ambiental, participación pública en la gestión medioambiental, acceso a la justicia y fortalecimiento de capacidades respecto a est materia.

Participación de ONG´s

Estos artículos apuntan principalmente a reforzar el rol de las organizaciones de la sociedad civil, por lo que en esta reunión internacional  participarán representantes de ONG’s y organizaciones sociales de los 22 países, presentando sus propias propuestas sobre estos artículos con el fin de incidir en la deliberación de los Gobiernos.

Sobre esto, Andrea Sanhueza, consejera de Fima (ONG dedicada al derecho medioambiental),  y quien fue elegida como representante de las ONG´s chilenas manifestó a Publimetro que “es muy importante que logremos un acuerdo robusto y vinculante para enfrentar los desafíos ambientales actuales y futuros, garantizar los derechos de acceso en nuestra región, fortalecer la participación ciudadana en las decisiones que los afectan y contar con mejores herramientas para proteger a los defensores ambientales en nuestros países”.

En esta quinta reunión se desarrollará una etapa de negociación, liderada por el Ministerio de Medio Ambiente. La etapa de negociación significa que se avanzará en medidas concretas para cumplir con el acuerdo, el cual ya fue firmado por Chile. Andrea Sanhueza, representante de las ONG´s chilenas, y quien además es una de las directoras de Fundación Multitudes,  señaló que “se verá el instrumento legal para la aplicación de lo acordado. Nuestro país llevará a cabo completamente lo que se acuerde durante los días de negociación”. La reunión del comité de negociación se llevará a cabo del 21 al 25 de noviembre con representantes gubernamentales y de la sociedad civil de los 22 países participantes en la sede de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) en Santiago.