Porte de arma blanca, venta de drogas al interior del establecimiento y extrema violencia. Esas son las razones por las que las autoridades de los colegios de la Sociedad de Instrucción Primaria (red SIP), decidieron expulsar a seis alumnos este año.

Según Lily Ariztía, gerente general de la red, el proceso que terminó con la desvinculación de los estudiantes se hizo como dice la Ley de Inclusión: una investigación, fue informado a los padres, y una etapa de apelación. Además deben ajustarse a los principios de proporcionalidad y no discriminación arbitraria. “El Consejo de Profesores, después de ese proceso, decidieron desvincular a los alumnos. Fueron momentos difíciles, es doloroso expulsar a un alumno. Uno nunca quiere hacer eso. Acá se hacen todos los esfuerzos con psicólogos”, aclara Ariztía.

Para no dejar a los jóvenes sin clases, ellos fueron matriculados en otros establecimientos. Hasta ahí, no hubo problemas, señala la administrativa. Sin embargo, todo cambió cuando la Superintendencia de Educación determinó que los alumnos debían ser reintegrados.

Esta situación ha significado un problema para los establecimientos y “un malestar en la comunidad escolar. El Centro de Alumnos de uno de los colegios reclamó por la reincorporación de uno de los jóvenes”, señala la gerente.

Para Ariztía la decisión de la Superintendencia “va más allá de sus facultades legales. Están pasando por encima de una decisión de los colegios. Nos molesta que el organismo una vez más no confíe en los criterios de los directores”, dijo.

Ximena Bugueño, jefa de la División de Promoción y Resguardo de Derechos Educacionales de la Superintendencia explicó que en el marco de la Ley de Inclusión, “tenemos la facultad de pronunciarnos sobre las expulsiones y ver si ésta se ajusta a la normativa escolar. También se puede dejar sin efecto el procedimiento aplicado cuando se ha vulnerado el debido proceso”.

Según Bugueño, en el caso de la red SIP “las medidas fueron rechazadas tras detectarse procedimientos incompletos y no ajustados a la normativa vigente ni al debido proceso”.

De acuerdo a la Superintendencia, de las 207 denuncias recibidas hasta junio de este año, 174 acusaciones de expulsión han sido resueltas y 33 están activas en proceso de fiscalización. La mayoría de las faltas que cometieron los jóvenes “obedecen a acumulación de faltas disciplinarias, como rayado de baños, mal comportamiento, etc. En minoría se encuentran los casos como consumo y porte de armas”.

Para el organismo vigilante, es esencial que se respete el derecho de los alumnos a estudiar y la medida de expulsión, al ser extrema, “es aplicable en casos excepcionales, cuando la conducta de un estudiante afecta gravemente la convivencia escolar. Además, previo a aplicar la medida, los establecimientos deben emplear medidas pedagógicas y de intervención psicosocial para que el alumno repare y supere estas conductas”.

Loreto Jara, investigadora de política educativa de Educación 2020, coincide con esto y cree que es crucial que los alumnos reciban ayuda de los colegios. “Debe haber apoyo al estudiante que tiene problemas de conducta. La institución debe sentarse con ese joven y brindar apoyo psicosocial. Si anda con armas o drogas, la escuela debe educarlo, en vez de ‘deshacerse’ del problema. Debe protegerlo en vez de expulsarlo”.

Además, remarca Jara, lo más grave de las expulsiones es que “hay un riesgo de que se generen trayectorias estudiantiles incompletas y esa es una mala señal para el sistema”.

Según la Superintendencia, el año pasado, el 27% de los alumnos expulsados perdieron el año escolar, ya sea porque repitieron o porque no se matricularon en otro establecimiento.

Hernán Herrera, presidente de la Asociación Gremial de Colegios Particulares (Conacep), respaldó el proceso que llevaron a cabo los colegios de la red SIP, ya que, según él, “cumplieron con el reglamento y siguieron el procedimiento que exige la Ley de Inclusión. A nuestro juicio la Superintendencia está excedida en sus facultades al obligar a reintegrar a los alumnos”.

En ese sentido, Herrera explicó que el organismo del Estado debe fiscalizar el cumplimiento de la ley, “pero no puede ir más allá de eso. El colegio cumplió con su reglamento, reubicó a esos jóvenes. Además, no fue una decisión arbitraria, se siguió el proceso, por lo que no se le puede exigir a estos colegios que continúen con esos alumnos”.

En esa misma línea está Rodrigo Díaz, abogado de la Federación de Instituciones de Educación Particular (Fide): “Por llevar a cabo políticas de inclusión a todo evento, se producen cosas donde se pone en riesgo la comunidad escolar por incluir a alumnos que pueden afectar la educación de otros”.