El juicio a los anarquistas chilenos Francisco Javier Solar Domínguez y Mónica Andrea Caballero Sepúlveda quedó hoy visto para sentencia y el fiscal mantuvo su petición de 44 años de prisión para cada uno por el artefacto explosivo que colocaron en una iglesia española en octubre de 2013.

El 2 de octubre de ese año los dos acusados colocaron en la Basílica del Pilar de Zaragoza (noreste) un artefacto compuesto por una bombona de butano, dos kilos de pólvora y un reloj activador que explotó en la nave central y, con un radio de acción de 26 metros, causó heridas a una mujer en el oído.

En la última jornada del juicio ambos se despidieron del tribunal con gritos: "viva la anarquía" y "muerte al Estado".

Ambos negaron pertenecer a una organización terrorista "ni a otra que tenga algún tipo de líder, mando o cúpula de poder".

Caballero señaló que "la solidaridad y el apoyo mutuo no solo debería ser una práctica anarquista sino de la humanidad en su conjunto", mientras que Solar subrayó: "Los anarquistas somos antiautoritarios".

La fiscalía les acusa de pertenencia a organización terrorista como miembros del Comando Insurreccionalista Mateo Morral, integrado en los Grupos Anarquistas Coordinados (GAC), equivalentes en España de la Federación Anarquista Informal/Frente Revolucionario Internacional (FAI/FRI).

También les atribuye lesiones a una mujer que estaba en la basílica, estragos y conspiración para cometer este mismo delito en el monasterio de Montserrat.

Además, el ministerio público solicita que se les imponga libertad vigilada durante ocho años una vez cumplida la condena y prohibición de residir en Zaragoza y en Barcelona (donde vivieron) y a aproximarse a la víctima del atentado por un tiempo de diez años después de que salgan de la cárcel.

Asimismo, que indemnicen a la mujer que resultó herida con 15.000 euros por las lesiones en oído y mandíbula y las secuelas, y al Cabildo de Zaragoza con 182.601 por los daños en la basílica.

El abogado de la acusación particular ejercida por la mujer herida, que inicialmente pedía la misma pena que la fiscalía, rebajó hoy su solicitud a doce años de prisión.

Consideró que no está probada la pertenencia a organización terrorista de los acusados ni hay posibilidad de imputarles un delito por su visita a Montserrat, aunque por el atentado de Zaragoza pidió indemnizaciones por un total de 102.000 euros por daños morales, lesiones y secuelas sufridas por su representada.

El abogado de Solar alegó que las acusaciones están basadas en tesis subjetivas policiales a raíz de que en los últimos años se hayan radicalizado los conflictos con anarquistas por la crisis económica y del sistema pero en todo caso con uso de la fuerza y no con terrorismo.

De todas formas apuntó que quienes cometieron el atentado "no pretendieron una matanza sino un acto simbólico" pues avisaron antes y lo llevaron a cabo con pólvora un día de diario "a una hora en la que debía estar cerrado el lugar", y apostilló que "otra cosa es que midieran mal el explosivo".

La letrada de Caballero estimó que "no se puede criminalizar al movimiento anarquista" y consideró excesivo que, sin pruebas, su defendida "pueda pasarse toda la vida en prisión". 

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