“Es una querella en contra quienes resulten responsables por la crisis que se está viviendo en el Ministerio de Justicia, no sólo en Gendarmería, sino que también en el Registro Civil, la Corporación de Asistencia Judicial y en el Sename”.

Con estas palabras, el subjefe de bancada de diputados UDI Gustavo Hasbún, en compañía de los abogados patrocinantes Máximo Pavez y Carlos Oyarzún, llegaron hasta el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago para interponer una querella en contra de todo aquel que resulte responsable de los graves hechos que está ocurriendo al interior de una serie de servicios que dependen del Ministerio de Justicia.

A juicio de Hasbún “es imperativo que el Ministerio Público investigue una seguidilla de acontecimientos que pueden ser constitutivos de delito desde fraude al fisco, malversación de fondos públicos, apropiación indebida, nepotismo y clientelismo, donde obviamente ha quedado demostrado que la ministra ha utilizado la cartera como una bolsa de trabajo de los partidos políticos de la Nueva Mayoría, como un verdadero botón donde se están repartiendo los recursos públicos. Esto tiene que ser investigado a fondo”.

 “Acá hay una situación muy anómala, muy irregular, pero que sobre todo afecta la fe pública”, añadió el legislador”.

Además, aseguró que “todo esto va sumando a los antecedentes que estamos recopilando para una posible acusación constitucional en contra de la ministra por notable abandono de deberes o negligencia inexcusable”.

"Ella (la Ministra Javiera Blanco) se hace la desentendida de todos los problemas del ministerio, siendo la primera responsable de las crisis que se viven en las diversas reparticiones”, dijo Hasbún.

Por su parte, uno de los abogados patrocinantes, Máximo Pavez, explicó que la querella busca “que relacionen a cualquier persona que sea responsable de los delitos de malversación de caudales públicos, fraude al fisco, cohecho y nombramiento ilegal de funcionarios, en el marco de las graves irregularidades que la opinión pública ha conocido respecto de la gestión de Gendarmería de Chile en los últimos 3 años”.

Respecto de los hechos, el jurista explicó que “el abultamiento de pensiones, el nombramiento y el abuso de funciones críticas o el aumento de los sueldos para obtener mejor jubilación, son hechos que el Ministerio Público debe investigar para ver si se ajustan a la ley; lo mismo respecto del otorgamiento de licencias médicas que en el último tiempo aumentaron en Gendarmería y representan una situación bastante irregular por no decir escandalosa. También todo lo que dice relación con la contratación de operadores políticos con dudosas competencias que podría constituir contratación ilegal de funcionarios”.

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