La Presidenta de la República, Michelle Bachelet, dio a conocer el domingo los detalles del proyecto de Reforma a la educación superior, el que comenzará esta semana su tramitación en el Congreso, y que cuenta con tres ejes principales: el carácter mixtos de la educación superior; una nueva institucionalidad y un marco claro de financiamiento público.

El proyecto ha recibido una serie de críticas por parte de los rectores del Consorcio de Universidades Estatales (Cuech), del Consejo de Rectores de Chile (Cruch) y de los estudiantes agrupados en la Confech, a quienes ahora se suman los cuestionamientos de los rectores de las universidades públicas no estatales agrupadas en el G9.

En esta línea, el rector de la Pontificia Universidad Católica, Ignacio Sánchez, destacó tres aspectos del proyecto como positivo, sin embargo, manifestó que hubo tres puntos con los que no están de acuerdo.

“Nosotros apoyamos el fortalecimiento de las Universidades Estatales pero hay una omisión que no me parece aceptable, no se menciona ningún apoyo, no se destaca en ninguna parte”, el apoyo a las universidades públicas no estatales, que son “cruciales para el desarrollo de nuestra educación”.

En entrevista con canal 13, la autoridad cuestionó además el anuncio de aranceles regulados, porque “a través de estos aranceles regulados no aparece un recalculo” sin considerar además la calidad del proyecto educativo.

Por último, Sánchez cuestionó el anuncio sobre un nuevo sistema de admisión, dependiente de la subsecretaría de educación “nos parece que es muy ponerla al alero del Gobierno de turno”.

El rector de la UC cuestionó además que no se hayan acogido sus propuestas, pese a que la Mandataria afirmó en la presentación del proyecto que se ha escuchado a los involucrados.

“Nosotros hemos entregado argumentos, capítulos de estudio, cartas, columnas y yo entiendo que eso se ha recibido, supongo que se han leído ahora no estoy seguro que en el ámbito de mi mayor preocupación, eso si se ha leído no se ha acogido”.

Por su parte, según consigna “El Mercurio”, el representante de la entidad, Claudio Elórtegui, las instituciones que representa son “las grandes perjudicadas”.
“Nos parece inexplicable e indignante, Es preocupante y revela un sesgo estatista que no podemos comprender, considerando que los objetivos de la reforma, que compartimos, son profundizar calidad y equidad”.

El académico apuntó que “en este país no solamente no se está favoreciendo a las del G9, no se están creando políticas de incentivo, sino que se les está expropiando de fondos basales que se están recibiendo desde comienzo de los años 60”.

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