"La ley parte de la base de que todos somos piratas"

“Esto va a ser igual a lo que está pasando con el pago por la reposición del TAG”. La frase es del abogado Claudio Ruiz, directivo de la organización Dere­chos Digitales y se refiere al acuerdo firmado entre el Gobierno y la So­cie­dad del Derecho de Autor, que ellos co­no­­cieron de prime­ra fuente esta se­ma­na y que abre la puer­ta para que sean todos los usuarios y no las em­pre­sas proveedoras de servicios de internet quienes pa­guen un monto fijo y arbitrario por las descargas de música y video que algunos realizan.

En rigor, el Gobierno accedió a respaldar la eliminación de la responsabilidad de estas em­presas en el “downloading”, lo que deja abierto su traspaso a los usuarios de internet, en la forma de un canon digital o pago de un cobro fijo por los derechos au­to­rales de artistas que eventualmente estén vul­nera­dos.

Todo ello, en el mar­­co de la discusión de las reformas más importantes a la Ley de Pro­piedad Inte­lec­tual desde 1970, que en este mo­mento está radicada en el Se­na­do.
“Así, la ley parte de la base de que todos somos piratas por el mero hecho de contratar estos servicios”, acusó Ruiz a Publi­me­tro.

El representante de Dere­chos Digitales rechazó que el Gobierno haya optado por apoyar un sistema de derecho de autor que no incluye el interés del público y que, por el contrario, lo castiga, desestimando el diálogo sostenido previamente con una veintena de agrupaciones y empresas.

Dentro de los ocho puntos firmados por el Ejecutivo, también sorprende la eliminación de las excepciones a la ley, que permiten usos “justos o legítimos” de canciones, videos y tex­tos. El “fair use” que, se­gún Ruiz, se respeta en casi todos los países del mundo.

Es decir, estará cometiendo delito una persona que copie su viejo vinilo, casete o CD original favorito al computador o un reproductor de MP3, aunque sea para su propio placer personal.

También el profesor que haga co­pias o incluso traducciones al español de libros o ensayos que sus alumnos no estén en condiciones de comprar para que puedan estudiar y aprender.

Publimetro intentó comunicarse con el Ministerio de Cultura y la SCD para obtener su postura sobre el tema, pero no fue posible.

ARTURO FIGUEROA