Tanques de guerra en las calles, uniformes de militares en el piso, automóviles destruidos y escenas características de una guerra: así despierta Turquía unos días después del intento de golpe de estado en el país. 

El pasado viernes 15 de julio, militares opositores al gobierno intentaron tomar el poder en Turquía, el cual se anunció como fallido unas horas después.  

Desde entonces, 103 generales y almirantes de las Fuerzas Armadas, un tercio del total, han sido detenidos y más de ocho mil 500 policías han sido suspendidos de sus cargos, supuestamente por estar relacionados con el intento de golpe de estado. 

La "purga" comenzada por la administración del presidente Recep Tayyip Erdogan continuó a otros niveles de gobierno. Al menos 29 exgobernadores con cargos símbólicos en la administración y un gobernador provincial también fueron suspendidos. 

Según información del Ministerio de Relaciones Exteriores de Turquía, 290 personas murieron en el fallido golpe, además hubo cerca de mil 400 heridos y más de siete mil detenidos, entre militares, expolicías, y políticos "golpistas". 

"Más de 100 golpistas murieron. Desafortunadamente más de 190 de nuestros ciudadanos hallaron la muerte", se lee en el comunicado difundido. 

Erdogan pide "retomar" la pena de muerte

El presidente Recep Tayyip Erdogan, quien hace unos días calificó el intento de golpe como "un regalo de Dios", prometió limpiar al Estado de los "virus y metástasis" que lo aquejan. Además, planteó restablecer la pena de muerte: "En las democracias, las decisiones se basan en lo que dice el pueblo. Pienso que nuestro gobierno discutirá con la oposición y, sin lugar a dudas, llegaremos a una decisión"

La pena de muerte fue eliminada en 2002 en Turquía, meses antes de que Erdogan llegara al poder. Es una de las medidas que el país debe adoptar si quiere obtener la candidatura para ingresar a la Unión Europea. 

La sugerencia de Erdogan ya provocó reacciones contrarias en todo el mundo: Federica Mogherini, la jefa de diplomacia de la Unión Europea, le recordó que "ningún país puede convertirse en Estado miembro si introduce o reintroduce la pena de muerte".