Las autoridades francesas anunciaron este martes haber impedido un atentado yihadista contra las fuerzas de seguridad la semana pasada en la región de Orleans, en el centro del país.

El gobierno de François Hollande prepara cambios constitucionales para consolidar los poderes policiales en la batalla de largo alcance contra el islamismo radical.

"Un proyecto de atentado contra representantes de la fuerza pública en la región de Orleans fue frustrado la semana pasada por la DGSI", los servicios internos de inteligencia, declaró el ministro del Interior Bernard Cazeneuve, ante policías y gendarmes.

Dos personas fueron interrogadas e inculpadas el 19 de diciembre en el marco de este caso, precisó.

Según el ministro, se trata de dos franceses, "uno de 20 años, desconocido por los servicios de policía, y otro de 24 años, conocido por actos de delincuencia".

Fuentes policiales en París precisaron a la AFP que los detenidos eran de origen marroquí y togolés, respectivamente.

Según Cazeneuve, ambos estaban "en contacto con un yihadista francés presente en Siria del que la investigación deberá determinar si era el cerebro de los ataques que uno de los dos detenidos ha reconocido haber proyectado". El atentado frustrado estaba dirigido contra "militares, gendarmes, policías y representantes del Estado".

"Las detenciones son el resultado del trabajo minucioso de nuestros servicios de inteligencia y alzan a diez el número de atentados frustrados en territorio nacional desde 2013", aseguró el ministro.

Cazeneuve indicó asimismo que Francia ha rechazado la entrada en el país a 3.414 personas desde los atentados del 13 de noviembre en París, que provocaron el estado de emergencia.

A esas personas se les negó la entrada en territorio francés "debido al riesgo que representaban para la seguridad y el orden público", explicó.

La policía francesa prepara una gran operación de reclutamiento y exámenes en marzo, para alcanzar el objetivo gubernamental de contar con 5.000 agentes más en formación, el año que viene.

Francia adoptó el estado de emergencia tras los peores atentados cometidos en su territorio, que causaron 130 muertos. Hasta la fecha sus fuerzas policiales han realizado "2.898 registros administrativos", y han detenido a 346 personas, de las cuales 51 ingresaron en la cárcel.

Ese estado de emergencia, que suscita críticas crecientes en la izquierda, puede ser contestado ante el Consejo Constitucional francés.

Ese organismo, la más alta jurisdicción francesa, precisó este martes que el texto de la ley que permite los arrestos domiciliarios es "conforme a la Constitución".

En esa línea, el gobierno socialista se prepara para aprobar el miércoles un proyecto de reforma de la Constitución para "blindar" ese estado de emergencia, que pasaría a formar parte del texto fundamental del Estado.

 

 

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