PP y Psoe seguirán siendo, por ese orden, las dos primeras formaciones en el nuevo Parlamento español, pero a costa de una auténtica sangría de votos y escaños que ha sido aprovechada por dos fuerzas emergentes muy críticas con la "vieja política", el izquierdista Podemos y el centrista Ciudadanos.

A partir de este momento la partida en España no se jugará ya a dos, sino a cuatro, y serán necesarios pactos entre tres o más fuerzas para asegurar la gobernabilidad de un país que se enfrenta a un doble reto: la consolidación del crecimiento económico y el pulso planteado por el independentismo en Cataluña, una de sus regiones más ricas.

La incertidumbre proviene del hecho de que ninguno de los dos grandes partidos ha logrado esta vez una mayoría holgada para gobernar.

Descartada de antemano una "gran coalición" a la alemana, el escenario se complica porque ninguna de las dos hipotéticas alianzas, la del Partido Popular con Ciudadanos o la del Psoe con Podemos, llega tampoco a la mayoría absoluta.

En su discurso de agradecimiento ante millares de simpatizantes, el presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy, aseguró que, pese a lo insuficiente de su victoria, intentará formar gobierno, porque el PP ha sido con todo la fuerza más votada, y ha superado en casi siete puntos a la segunda, los socialistas.

"España necesita seguridad, estabilidad, certidumbre y confianza", aseguró Rajoy en su comparecencia desde el balcón de la sede del PP en el centro de Madrid, y anunció que en la nueva etapa que se abre en el país será necesario "dialogar mucho y llegar a acuerdos".

A pesar de los sacrificios y recortes provocados por la grave crisis económica, los españoles volvieron a dar la victoria al Partido Popular (PP), pero con una representación parlamentaria de sólo 123 escaños, muy reducida respecto a la mayoría absoluta de 186 que logró en las elecciones anteriores de 2011.

Rajoy había basado su campaña casi exclusivamente en el éxito de su gestión económica, que permitió a la cuarta economía de la zona euro esquivar un rescate casi seguro en 2012 y la ha convertido en una de las que más crece actualmente del bloque europeo.

Pero una cadena de casos de corrupción que han involucrado a destacados dirigentes populares ha penalizado severamente en la urnas al partido de la derecha española.

Un apoyo natural de los populares serían los centristas de Ciudadanos (C's), pero la suma de ambos -163 diputados- se queda todavía a 13 escaños de la mayoría absoluta, y no hay otro potencial socio que pueda aportar los votos que faltan.

Ciudadanos, que irrumpe en el Congreso de los Diputados con un amplio grupo de 40 diputados, algo menor de lo que le pronosticaban las encuestas más optimistas, ha dejado claro que no pactará en ningún caso con la derecha nacionalista catalana o vasca, porque quiere "romper España".

En el otro lado del espectro, una alianza de izquierdas entre el Psoe (90 escaños) y Podemos (69 escaños) tampoco llega a la mayoría absoluta (176 escaños), y necesitaría de la suma de varios partidos separatistas o radicales, lo que puede situar al líder socialista, Pedro Sánchez, ante una decisión fatal.

Sánchez, que hoy encajó el peor resultado electoral en la historia reciente de su partido, consideró que "España quiere izquierda y quiere cambiar", pero admitió que "los españoles han decidido que la primera fuerza sea el PP".

Podemos, un partido anti austeridad nacido hace apenas dos años, ha logrado más del 20 por ciento de los votos -en torno a cinco millones de sufragios- y se ha convertido en la primera fuerza en Cataluña y el País Vasco y la segunda en Madrid, Valencia, Navarra, Baleares y Galicia.

El líder de Podemos, Pablo Iglesias, uno de los triunfadores de la noche del 20D, aseguró que "España ha votado un cambio de sistema" y eso tiene una implicación "irrenunciable, imprescindible e inaplazable", que es la reforma constitucional para convertir a España en un "estado plurinacional".

Los 123 escaños conseguidos por el PP suponen, no obstante, una minoría de bloqueo que podría frenar cualquier reforma de la Constitución que pretenda llevarse a cabo sin el consenso de los conservadores.

 

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