Este lunes Grecia comenzó a deportar a docenas de refugiados de suelo europeo a Turquía, consecuencia de un controvertido pacto firmado entre Bruselas y Ankara, que ha sido  ampliamente criticado por  organizaciones sociales y expertos legales.
Médicos Sin Fronteras, ONG implicada en el rescate de refugiados en el Egeo,  sostiene que “este acuerdo es muy cínico y cruel y no es una solución, sino que lo que va a implicar es que la crisis se recrudezca todavía más”.


Alcanzado el 18 de marzo en una cumbre entre Turquía y la UE en Bruselas, tenía por objeto disuadir a los refugiados y los migrantes del uso de contrabandistas para cruzar de Turquía a las islas griegas cercanas, donde pueden solicitar asilo en Europa. El mismo especifica que todos los migrantes que lleguen a territorio europeo desde el 20 de marzo serán expulsados.


Pero los hechos están demostrando que el pacto no está cumpliendo su propósito declarado y que quedó superado por la realidad. Sólo desde el 20 de marzo han llegado a territorio griego más de 6.000 migrantes. De hecho, el proceso de devoluciones a Turquía ha quedado suspendido, al menos hasta el viernes, ante la avalancha de solicitudes de asilo que se han registrado en las islas, muchas de las cuales provienen de personas que estaban incluidas en las listas de deportación.


“Todas estas personas que están llegando, alrededor del 88% que utilizan estas rutas proceden de zonas en conflicto y más de la mitad son mujeres y niños”, afirma David Cantero Pérez, director regional de MSF.


Organizaciones de derechos humanos han denunciado que Grecia no está ofreciendo asistencia letrada gratuita, ni información a los migrantes y, por tanto, no está evaluando de forma individualizada, como exige la ley, las necesidades de protección internacional de cada persona trasladada a Turquía.
“Tienen todo el derecho humano, pero también internacional, para buscar asilo en otros países y es una vergüenza que el único paso seguro esté condicionado por el número de personas que se pueden enviar de vuelta”, añade David.  


 Por su parte, la Comisión Europea (CE),  sugirió ayer crear una agencia central europea que se encargue de distribuir los refugiados que llegan a territorio comunitario de manera equitativa entre los Estados miembros, una idea de corte alemán a la que tradicionalmente se han opuesto países como España.


Bruselas adelanta que podría proponer modificar el mandato de la Oficina Europea de Apoyo al Asilo que ahora se limita a asesorar a los Estados miembros, para que tenga “un papel operacional reforzado”, lo que podría incluir gestionar el mecanismo de distribución que se cree dentro del nuevo sistema de Dublín.


Europa tiene toda la responsabilidad política, internacional y moral de responder a esta crisis y, además, posee todos los medios. Todo se trata de voluntad política sostiene David y pone como ejemplo a Canadá, donde el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, se comprometió a acoger a 25.000 refugiados sirios en caso de ganar los comicios. El proceso de reubicación se ha llevado a cabo en sólo tres meses.  Esto prueba la eficiencia de Canadá  y pone en evidencia a una UE que desde septiembre sólo ha recolocado a 598 refugiados de 120.000 previstos.

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