El primer ministro francés, el socialista Manuel Valls, reclamó "sanciones implacables" contra los manifestantes violentos que incendiaron un coche de policía en París el miércoles, y presionó a los sindicatos, llamados a "cuestionarse la pertinencia" de algunas manifestaciones.

El jefe de Gobierno dijo estar dispuesto a eliminar por la fuerza los bloqueos de puertos, refinerías y aeropuertos, teniendo como objetivo no recibir a los principales dirigentes sindicales par poner fin al movimiento, que encadena una violencia in crescendo desde marzo.

"Si no hubiera habido el proyecto de ley, no habrían existido las manifestaciones ni los episodios de violencia", replicó Jean-Claude Mailly, número uno del sindicato contestatario Fuerza Obrera (FO). FO y otros sindicatos de trabajadores y estudiantes continúan reclamando la "retirada" del proyecto de ley, que consideran demasiado liberal. El presidente francés, François Hollande, descartó el martes renunciar a esta reforma, aprobada por la fuerza la semana pasada en el Parlamento a falta de una mayoría.

Desde el comienzo del movimiento, cerca de 1.400 personas fueron detenidas y más de 800 están en detención provisional. Según las autoridades, 19 personas de extrema izquierda fueron detenidas de nuevo este jueves en Rennes (oeste) por delitos de degradación de bienes públicos.

En París, la policía volvió a emitir la prohibición de manifestación antes de una marcha prevista por la tarde bajo una gran tensión.

Cinco sospechosos, tres de los cuales tenían prohibido manifestarse, estaban en detención provisional en la capital al día siguiente del ataque a un coche de policía en el que se encontraban dos agentes, que consiguieron salir in extremis del vehículo incendiado por manifestantes violentos.

El incidente se produjo durante una contramanifestación, que estaba prohibida, frente a la concentración de policías que denunciaban un clima de "odio a la policía".

- 'Nada impide detener a los violentos' -

El jefe del Estado, cuya popularidad está en mínimos a solo un año de las presidenciales, cuenta con este proyecto para desbloquear el mercado de trabajo en un país con un paro endémico del 10%.

Después de un respiro a finales de abril, la movilización contra el texto, que ha sacado a decenas de miles de personas a la calle desde hace dos meses, recobró fuerza esta semana con huelgas ferroviarias y de carreteras.

Bloqueos en puntos estratégicos, como zonas industriales, refinerías y depósitos de petróleo, se registraron este jueves cerca de Marsella (sur), Havre (noroeste), así como en Rennes o Nantes (oeste). En el suroeste, el acceso al aeropuerto de Toulouse también estaba cerrado.

El tráfico ferroviario se vio fuertemente perturbado a nivel nacional, en el segundo día de huelga ferroviaria. La llamada a la huelga de los controladores aéreos afectó también, aunque algo menos, al tráfico aéreo.

"El acceso a los puertos, a los centros neurálgicos económicos y a los aeropuertos debe ser posible y no se pueden tolerar estos bloqueos, incluso si supone una dificultad adicional para las fuerzas del orden", declaró Manuel Valls.

Antes de la manifestación en París, la Prefectura de Policía de la capital consideró "inquietante" que los servicios del orden de los sindicatos se equipasen con porras para responder a los manifestantes violentos.

Los episodios de violencia de las últimas semanas avivaron la polémica sobre la gestión del Gobierno en el mantenimiento del orden, al que la oposición de derecha y extrema derecha acusa de laxismo o al que algunos de la izquierda acusan de querer desacreditar el movimiento social. "No hay ninguna consiga que les impida (...) detener a los violentos", añadió Manuel Valls este jueves.

Dentro de este tenso clima, el Parlamento prolongó por tercera vez el estado de emergencia decretado después de los atentados yihadistas del 13 de noviembre en París (130 muertos). Este régimen de excepción estará en vigor hasta finales de julio para abarcar los eventos de la Eurocopa 2016 y el Tour de Francia.

 

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