Aunque aún no se conoce cómo quedó el texto final del acuerdo, el mandatario en su alocución explicó los puntos más importantes que se incluyeron o modificaron.

Aquí se los contamos, en palabras del mismo Santos:

  •     En el nuevo acuerdo, las Farc tendrán que declarar y entregar todos sus bienes, sin pena de perder los beneficios, y se usarán para reparar a las víctimas.
  •     Se definió en qué consiste la restricción efectiva de la libertad. El Tribunal para la Paz debe fijar en cada caso los espacios concretos en donde deben estar los sancionados durante la ejecución de la pena (que nunca serán más grandes que una Zona Veredal Transitoria de Normalización), los horarios en los que deben cumplir las sanciones restaurativas, establecer el sitio de residencia durante la ejecución de la sanción, imponerles el deber de solicitar autorización para salir de las zonas donde cumplan la sanción y señalar la periodicidad con la que el órgano de verificación debe reportar sobre el cumplimiento de la sanción.
  •     Se estableció además, que el tiempo que pasen en las zonas veredales Transitorias de Normalización, se les tendrá en cuenta como parte de la sanción, siempre y cuando en ese período desarrollen actividades de reparación.
  •     La Jurisdicción Especial de Paz funcionará hasta por 10 años y sólo podrán recibir solicitudes de investigación durante los 2 primeros años.
  •     Las ONG no podrán actuar como fiscales y acusar. Sólo presentarán información que será valorada y contrastada por los jueces y magistrados del Tribunal.
  •     En el Tribunal no habrá jueces extranjeros. Todos serán colombianos.
  •     Ahora como parte de la articulación con las otras jurisdicciones, las tutelas contra decisiones de la JEP podrán ser revisadas.
  •     Se respetará el derecho a la propiedad privada, a la iniciativa privada y que a nadie se expropie por fuera de la ley ya vigente.
  •     El catastro –fundamental para formalizar la tierra—no modificará por sí mismo los avalúos de las tierras.
  •     La implementación del acuerdo se hará con respeto al principio de sostenibilidad fiscal, y se amplió de 10 a 15 años el plazo de implementación para reducir la presión fiscal, si es que la hubiera, y no afectar de manera alguna los programas prioritarios del gobierno.
  •     Los empresarios que no sean responsables de crímenes graves cometidos durante el conflicto tienen la posibilidad de obtener la terminación de los procesos que hoy los puedan afectar en la justicia ordinaria.
  •     Se logró una fórmula que garantiza a los soldados y policías, en servicio activo y retirados, los máximos beneficios, pero con total seguridad jurídica.
  •     En el nuevo acuerdo se incluyó que el partido que surja de la reincorporación de las Farc no podrá inscribir candidatos para las 16 curules transitorias en la Cámara de Representantes.
  •     Se redujo desde el primer año en 30% la financiación al partido de las Farc para que quede en igualdad de condiciones con los demás partidos.
  •     En este mismo capítulo, quedó claro que la protesta social debe ser siempre pacífica, y que el Estado tiene la obligación de proteger los derechos de todos los ciudadanos.
  •     En el acuerdo se creó una comisión de protección y garantías de seguridad, en la que tenían participación las Farc. En el nuevo acuerdo se eliminó su participación en esa comisión.
  •     Sobre la lucha contra el problema de las drogas, el nuevo acuerdo obliga a todos los que se presenten a la Justicia especial de Paz a entregar toda la información relacionada con el narcotráfico de manera exhaustiva y detallada para atribuir responsabilidades.
  •     Se reiteró que el gobierno mantiene todas las herramientas para la erradicación, incluyendo la fumigación, además de los programas de sustitución para los campesinos.
  •     No habrá formalización de ningún predio en Colombia sin que antes se constate que está libre de la presencia de cultivos ilícitos
  •     Para atacar de manera más efectiva el problema del consumo de drogas, se robusteció el papel de la familia y de los grupos religiosos en la política de prevención y atención a los consumidores.
  •     El acuerdo no será incorporado al bloque de constitucionalidad. Sólo quedarán los temas de derechos humanos y de Derecho Internacional Humanitario, que ya de por si hacen parte de la constitución.
  •     Se hicieron las modificaciones para garantizar que la llamada ideología de género no está presente – nunca lo estuvo— ni siquiera de manera sugerida.
  •     Se incorporaron en el nuevo acuerdo los principios de igualdad y no discriminación, de libertad de cultos y se reconoció a la familia y a los líderes religiosos como víctimas del conflicto.

El punto en el que no hubo acuerdo:

“Un punto que reclamaban muchos de los del ‘no’ era que los jefes guerrilleros no pudieran ser elegidos. Yo entiendo que este es el sentir de muchos ciudadanos. En la mesa de La Habana los negociadores del gobierno insistieron mucho en ese punto para responder a esa preocupación. Tengo que decirlo con franqueza. Aquí no se logró avanzar”, dijo el mandatario.

La razón por la que no se logró un acuerdo en este punto es porque el objetivo de los procesos de paz es que los grupos insurgentes continúen su lucha, pero desde la política y sin armas.

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