Los actos públicos del presidente de Bolivia, Evo Morales, podrán transmitirse sin límite de tiempo por TV, luego que la justicia anuló un fallo del tribunal electoral que sólo le otrogaba 15 minutos diarios en medio de su campaña para tentar una nueva reelección.

"Respetuoso del estado de derecho y de la institucionalidad democrática, el órgano electoral plurinacional acata plenamente la mencionada sentencia constitucional" del Tribunal Supremo de Justicia, señaló el Tribunal Electoral (TSE), en un comunicado.

El TSE había ordenado semanas atrás al gobierno a que sus actos públicos no deberían exceder los 15 minutos diarios en televisión en directo, pues en ellos se promueven el voto por el Sí para el referendo a la reforma de la Carta magna que, de aprobarse, permitirá a Morales competir por un cuarto mandato cuando termine el actual, en 2020.

Según recientes sondeos, Morales ganaría el referendo del 21 de febrero por estrecho margen para habilitarse para las elecciones generales en 2019, mientras la oposición está en campaña para que los bolivianos rechacen el cambio propuesto por el mismo gobierno y sindicatos gobiernistas.

Incluso el TSE había sancionado recientemente a la televisora estatal por exceder el límite permitido durante una entrega de obras realizada por Morales.

El mandatario, que llegó al poder en 2006, suele aparecer varias veces al día en televisión abierta, por varias horas, y había demandado a la corte electoral ante el Tribunal Supremo para que se anule la prohibición.

La ministra de Comunicación de Bolivia, Marianela Paco, había considerado que esa restricción ponía en riesgo la libertad de expresión.

La resolución de la justicia fue criticada por la oposición, que consideró que se le dio un cheque en blanco al mandatario para que realice proselitismo en todos los actos públicos.

"Es una decisión escandalosa, el fallo es un cheque en blanco" para el oficialismo, señaló el senador opositor Oscar Ortiz, entrevistado por el canal privado de televisión Gigavisión, en el que criticó la subordinación del Poder Judicial al ejecutivo.

 

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