La «garganta profunda» de los denominados papeles de Panamá, conocido como John Doe (seudónimo habitual para ocultar una identidad), reclamó hoy a la Comisión Europea (CE), al Parlamento británico y al Congreso de EEUU inmunidad para los filtradores que sacan a la luz actuaciones ilegales.
El diario alemán «Süddeutsche Zeitung», primer receptor hace ya más de un año de los millones de documentos sobre miles de empresas y activos opacos en paraísos fiscales, publicó hoy el «manifiesto» en el que su fuente anónima explica los motivos de su proceder.
«No trabajo para ningún gobierno ni agencia de inteligencia, ni de forma directa, ni como empleado, ni como contratado, y nunca lo he hecho», afirma la fuente anónima para asegurar que no difundió los documentos con una motivación política, sino simplemente «por la dimensión de las injusticias que describían».
Aunque las denominadas empresas pantalla no son ilegales por definición, destaca, son usadas para muchos delitos graves, más allá de la evasión de impuestos.
«Decidí exponer ante la opinión pública a Mossack Fonseca (el bufete panameño propietario de los documentos) porque pensé que sus fundadores, empleados y clientes deberían responder por su papel en estos delitos, de los que sólo algunos han salido a la luz», añade.
También considera escandaloso «lo que está permitido», pero acusa al bufete panameño de «haber violado de forma consciente y reiterada» leyes en todo el mundo.
El filtrador asegura que de los papeles de Panamá podrían derivarse «miles de procesos» si las autoridades judiciales tuvieran acceso a ellos, pero no cuestiona la decisión del «Süddeutsche Zeitung» y del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por su sigla en inglés) de no facilitárselos.
«Yo, sin embargo, estaría dispuesto a cooperar con las autoridades judiciales en el marco de mis posibilidades», manifiesta antes de denunciar cómo otros filtradores en Estados Unidos y en Europa han visto sus vidas «destrozadas» tras haber sacado a la luz actividades presuntamente delictivas.
Tras citar, entre otros, los casos del exanalista de la CIA Edward Snowden, asilado en Rusia tras desvelar detalles de los programas de espionaje de EEUU, o de Antoine Deltour, juzgado en estos momentos en Luxemburgo por difundir el escándalo fiscal LuxLeaks, reclama inmunidad para quienes filtren comportamientos criminales.
«Mientras los gobiernos no garanticen protección legal a los denunciantes, las autoridades judiciales seguirán dependiendo de sus propias fuentes de información o de la cobertura de los medios de comunicación», advierte.
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