Este abogado de 75 años con reconocidas habilidades como articulador político ya perdió dos ministros arrastrados por el lodo del escandaloso festival de sobornos, sobreprecios y desvíos en la estatal Petrobras, que sigue extendiéndose como una inmensa sombra sobre la política brasileña.

El nuevo gobierno no logró erradicar el aire de provisionalidad generalizada que dejó el proceso de impeachment que suspendió a Dilma Rousseff de la presidencia por supuesta manipulación de las cuentas públicas, y que le abrió las puertas del poder a Temer, su exvice ahora convertido en un encarnizado adversario. Limitada a 180 días, el plazo máximo que tiene el Senado para decidir si destituye definitivamente a Rousseff, la gestión Temer nació entre sospechas de que intentará poner freno a la cruzada anticorrupción en Petrobras, que involucra a varios caciques del centrista PMDB hoy en el poder.

Temer juró que apoyaría la sed de limpieza moral que simboliza la llamada “Operación Lava Jato” (lavadero de autos), que reveló un fraude entre empresarios y partidos políticos para drenar más de 2.000 millones de dólares de la petrolera y que fue reivindicada en las masivas protestas callejeras que antecedieron al impeachment. Ese compromiso le costó tener que entregar a los ministros Romero Jucá, de Planificación, y Fabiano Silveira, de Transparencia.

Ambos cayeron tras ser reveladas grabaciones en las que se los escuchaba discutir opciones que sugerían que buscaban entorpecer la investigación. “Nadie va a interferir en el Lava Jato (…) Me tomo la libertad de decir por enésima vez que no habrá la menor posibilidad de cualquier interferencia del Ejecutivo en esa cuestión”, dijo Temer esta semana.

 

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