El presidente argentino Mauricio Macri intervino el miércoles el ente de servicios Audiovisuales, controlado por un leal a la exmandataria Cristina Kirchner (2007-2015), en otra derivación de la vieja pugna por la Ley de Medios entre el kirchnerismo con el grupo mediático Clarín.

"Se interviene por decreto. Toma decisiones sin atenerse a políticas del gobierno. Está en rebelión", afirmó el ministro de Telecomunicaciones, Oscar Aguad, en rueda de prensa.

Mientras se producía el anuncio oficial, un fuerte operativo policial se desplegó en torno a la sede de la agencia de servicios Audiovisuales, donde se concentraban partidarios de la exmandataria.

El ministro Aguad había explicado que el gobierno ordenó un dispositivo de seguridad especial ante la posibilidad de que "se produjesen disturbios".

Martín Sabbatella, desplazado director de Audiovisuales, dijo estar dispuesto a resistir la medida, amparado en la Ley de Medios que le confiere mandato hasta 2017.

"Es un atropello brutal. Aguad ha expresado que la Ley de Medios tiene que desaparecer. Si es así tiene que ir al Parlamento, derogarla y hacer otra", había declarado Sabbatella antes de la intervención a radio 10.

Por su resistencia, Sabbatella fue ovacionado espontáneamente el domingo al ser reconocido cuando concurría al último concierto en un teatro de Buenos Aires del músico de rock Fito Paéz, cercano al kirchnerismo.

La Ley de Medios fue sancionada en 2009 con apoyo incluso de sectores de la oposición, para poner fin a monopolios mediáticos y abrir licencias de radio y televisión a organizaciones sociales.

"Estamos estudiando una convergencia tecnológica y de controles", respondió sin dar detalles Aguad ante una pregunta sobre si impulsará cambios a la Ley de Medios.

La Ley está impugnada en la Justicia por el grupo Clarín, uno de los más grandes conglomerados de medios de Latinoamérica, lo que inició una batalla judicial y una agotadora polémica diaria. La división antimonopólica nunca pudo aplicarse al grupo Clarín que apeló a los tribunales.

Los medios de Clarín denunciaban que el gobierno de Kirchner quería silenciarlos y el gobierno sostenía que la acusación era una excusa para defender intereses de grandes grupos económicos.

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