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Oleada de protestas en Turquía por nueva ley para perdonar al abusador que se case con su víctima

Una oleada de protestas tuvo lugar hoy en las principales ciudades de Turquía, después de que el Parlamento aprobara anoche una polémica ley que permite suspender penas de cárcel impuestas a quien haya cometido abusos sexuales a menores si está casado con la víctima.

 

El Gobierno turco sometió al Parlamento una propuesta de ley que permite, en ciertos casos, anular la condena de una persona por agresión sexual a un menor si el culpable se casa con su víctima, suscitando reacciones indignadas.

La Asamblea se pronunció el jueves por primera vez sobre el texto, que será objeto de una segunda votación en los próximos días.

La ley, que podría afectar a 3.000 individuos en caso de ser aprobada, permitiría suspender la condena de una persona culpable de agredir sexualmente a un menor antes del 11 de noviembre de 2016, si el acusado se casa con su víctima. La medida se aplicaría una sola vez y de forma retroactiva, precisó el primer ministro Binali Yildirim este viernes.

«Algunos se casan antes de haber alcanzado la edad legal. Desconocen la ley. Tienen hijos, el padre va a la cárcel y los niños se quedan solos con su madre», declaró Yildirim, que añadió que la medida busca «acabar con esa injusticia».

La propuesta de ley indignó a la oposición. «El AKP (partido gobernante) aprobó un texto que perdona a quienes se casan con un niño al que violaron», reaccionó en la red social Twitter un diputado de los socialdemócratas (CHP), Özgür Özel.

Miembros del opositor MHP (partido nacionalista de derechas), que formó una alianza con el AKP para reformar la Constitución, también criticaron el texto presentado ante el Parlamento.

En Twitter, la etiqueta #TecavüzMesrulastirilamaz («No se puede legitimar las violaciones» en turco) estaba entre las más populares en Turquía el viernes.

Las organizaciones por los derechos de la mujer, que convocaron protestas hoy en grandes ciudades del país. Con el lema «No aceptamos vuestro sistema de abuso», las mujeres salieron a la calle para manifestarse contra la nueva ley en Estambul, Ankara, Kocaeli, Esmirna, Samsun y Eskisehir.

En la protesta convocada en la ciudad de Kocaeli, en el noroeste del país, quince mujeres fueron detenidas, mientras que en Samsun, en el noreste, la policía arrestó a once manifestantes.

«Ahora con la nueva ley ninguna mujer dirá que ha sufrido abusos, por miedo, porque la casarán con el agresor», declaró a Efe Fadime Çelebi, presidenta del Colectivo de Mujeres Socialistas, en una de las protestas en Estambul.

Çelebi añadió que «el régimen del AKP, el Gobierno, protege a los agresores, a los que cometen abusos». Las organizaciones feministas han convocado manifestaciones para los próximos días, ya que la promulgación de la ley fue postergada hasta el martes para introducir enmiendas.

El primer ministro rechazó «una acusación totalmente falsa», recordó que el Gobierno había endurecido las penas de cárcel por violación y acusó al CHP de «explotar» el asunto con fines políticos.

El ministro de Justicia, Bekir Bozdag, alegó que «los matrimonios precoces son, por desgracia, una realidad» y que la medida aspiraba a «proteger a los niños».

Según él, la ley sólo se aplicara cuando la «agresión sexual» haya sido cometida sin «violencia, amenaza o cualquier otra forma de coacción».

«El ministro de Justicia usó la expresión ‘agresión sexual sin coacción’. Creo que no hay nada que añadir», lamentó Ruhat Sena Aksener, de la ONG Amnistía Internacional en Turquía.

Aunque no existan estadísticas oficiales, el matrimonio precoz sigue siendo una realidad en Turquía, especialmente en el este del país. Las jóvenes, que sufren presiones de sus familias, no suelen tener la posibilidad de oponerse a estas bodas.

En Turquía, la edad mínima legal para casarse es de 17 años, con la autorización de los padres, pero en algunas «circunstancias excepcionales» la ley autoriza el matrimonio a partir de los 16 años, con la aprobación de un juez.

En julio, el Tribunal Constitucional turco se pronunció a favor de la retirada de una disposición del código penal que califica todo acto sexual con un menor de 15 años de «abuso sexual», un fallo denunciado por la sociedad civil.

 

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