El parlamento danés adoptó el martes, por una mayoría de 81 votos a favor frente a 109 en contra, la criticada reforma a la ley de asilo, que tiene como objetivo disuadir a los demandantes de asilo de probar suerte en el país, y que prevé medidas como la confiscación de haberes.

El texto, presentado por el gobierno del primer ministro liberal Lars Løkke Rasmussen y apoyado por todas las formaciones de derecha, establece un recorte de los derechos sociales de los migrantes y prolonga los plazos para la reagrupación familiar y la concesión del permiso de residencia permanente.

La argumentación para establecer la requisa de bienes de refugiados (que ya se aplica en Suiza y en algunos estados alemanes) es doble: por un lado el Gobierno danés arguye que debe igualar las condiciones de los peticionarios de asilo con las que se aplican a sus ciudadanos para acceder a ayudas públicas, y a los que se les exige que antes de tirar de subsidios consuman su propio patrimonio. Por otro, aducen que, según un reciente informe del Fondo Monetario Internacional (FMI), el coste fiscal de los refugiados en Dinamarca fue en 2015 equivalente al 0,47% de su PIB, el mayor gasto relativo después de Suecia (0,5%) y por delante de Alemania (0,2%), si bien fuentes oficiales danesas asumen que lo requisado a los refugiados no servirá para sufragar el presupuesto más que de manera simbólica, dados los escasos recursos que suelen quedarles tras pagar a los pasadores y recorrer miles de kilómetros en la mayoría de casos desde sus lugares de origen.

Pero la propia ministra de Integración, Inger Støjberg, reconoció ayer lunes en el Parlamento Europeo que el objetivo de la ley, que a su juicio “respeta los acuerdos internacionales”, algo que han puesto en duda diversos organismos de defensa de los derechos humanos, es "reducir la afluencia de solicitantes" de asilo. Andreas Kamm, secretario general del Consejo Danés para los Refugiados, una ONG que trabaja en una treintena de países, califica de “inhumana” la nueva legislación que se enmarca en “la negativa competición que hay ahora en Europa entre la mayoría de los países para intentar parecer lo menos atractivos posible para los refugiados”. Una carrera en la que Dinamarca se está empleando a fondo con otras medidas como la propuesta aprobada la semana pasada en el Parlamento que obliga al Gobierno a presentar antes de marzo una propuesta para construir “pueblos” para los refugiados fuera de las ciudades.

Aunque lo más llamativo del paquete aprobado este martes sea la incautación de bienes (las comparaciones con las prácticas de la Alemania nazi han dolido agudamente en la sociedad danesa), en realidad lo que más preocupa a las asociaciones de ayuda a los asilados son las restricciones a la reagrupación de las familias.

Los solicitantes de asilo que tengan el estatus de asilo temporal por un año, tendrán que esperar tres años (en vez de 12 meses anteriormente) para pedir que su familia se reúna con ellos en Dinamarca. En ese caso se encuentran, según la web de información especializada Refugees.dk, el 20% de los refugiados sirios.

Otra de las medidas es recortar en un 10% el dinero que reciben los refugiados: ahora ingresan del Estado entre 37 y 220 euros al mes, en función de si en su centro de asilo puede comer gratis o no, en un país nada barato: una tostada cuesta, matiza para lectores no daneses Refugees.dk, unos dos euros.

Según los datos de Eurostat, aún provisionales, en 2015 se registraron 894.005 solicitudes de asilo en los 28 países de la UE, un 42% más que el año anterior. La inmensa mayoría (el 70%) en Alemania y Suecia. Dinamarca, con 5,7 millones de habitantes, recibió en los 11 primeros meses del año pasado 18.300 solicitudes, frente a 14.715 en todo el 2014, según la misma fuente estadística.

 

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