La policía brasileña detuvo este jueves a Guido Mantega, exministro de Finanzas de las presidencias de Lula da Silva y Dilma Rousseff, en el marco de la operación Lava Jato que investiga las redes de corrupción en Petrobras, informó la prensa, citando al abogado de quien fuera tambén una figura de peso en el Partido de los Trabajadores.

Mantega, según su abogado José Roberto Batochio, fue detenido por la mañana en un hospital de Sao Paulo, donde acompañaba a su mujer, que acababa de ser operada, precisó el portal informativo G1. La información de la detención fue dada igualmente por el portal UOL, del grupo Folha.

La Policía Federal indicó que a las 10H00 locales (13H00) ofrecería una conferencia de prensa junto a la Fiscalía en Curitiba (sur), para brindar informaciones acerca de la 34 fase de la Operación Lava Jato (lavadero de autos), que investiga la trama de sobornos pagados por grandes constructoras a políticos para obtener licitaciones en la estatal Petrobras.

En esa fase, denominada "Archivo X", fueron movilizados 180 agentes que cumplen 49 órdenes judiciales, entre ellas ocho de prisión preventiva y ocho de detención para interrogatorio, en cinco estados brasileños y en el Distrito Federal de Brasilia.

Las requisas y detenciones están relacionadas con sospechas de "fraude en licitaciones, corrupción de agentes públicos y traspaso de recursos a operadores y partidos políticos responsables de nombramientos de caros importantes" en Petrobras, así como por parte de "empresas que formaron un consorcio para obtener contratos de construcción de dos plataformas aunque careciesen de experiencia, estructura o preparación para hacerlo, precisó un comunicado de la PF.

Sin citar explícitamente a Mantega ni al PT, el comunicado añade que "un exministro de Hacienda habría actuado en 2012 junto a una de las empresas para negociar la transferencia de recursos para pagos de deudas de campaña del partido político del momento".

El juez Sergio Moro, que dirige la parte de la Operación Lava Jato que concierne a personas sin fueros políticos (legisladores y ministros en funciones), aceptó el martes las denuncias contra el ex presidente Lula por presunta corrupción pasiva y lavado de dinero.

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